Armando Mayorga. 21 agosto

Da tristeza ver cómo quienes están llamados a dar ejemplo de acatamiento de las leyes quieren bailarse la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El texto es claro: en materia de salarios, rige para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y para la administración descentralizada: “autónomas, semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades”.

Sin embargo, los magistrados decidieron excluirse y a los 14.000 funcionarios del Poder Judicial. Lo mismo hizo Román Macaya, presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS, institución descentralizada), quien acordó el 20 de febrero eximir a los 57.000 empleados. Alegan “autonomía”.

Estamos ante jerarcas que demeritan el sano manejo de las finanzas ante intereses de individuos. Es momento de que con voz y armas jurídicas se unan para hacer cumplir a todos la reforma fiscal que promulgaron para que no sea solo una ley de papel.

Olvidan los magistrados que no son un caso aparte del Estado, pues se nutren de impuestos. No son autosuficientes.

Los altos jueces y Macaya omiten un principio crucial, como la administración responsable de los recursos públicos siempre, pero sobre todo en momentos de angustia de las finanzas públicas.

Al autorizar que a 71.000 funcionarios se les mantenga el pago porcentual, menosprecian el concepto que primó para que la Sala IV declarara constitucional, el 23 de noviembre, la reforma fiscal.

El voto indica: “Frente a una condición crítica en las finanzas públicas, que pone en riesgo la efectiva o adecuada ejecución de las prestaciones de relevancia constitucional, la decisión de las autoridades competentes de definir y aplicar medidas aptas, para paliar o solucionar el problema, no solo resulta razonable, sino insoslayable”.

La Sala IV, además, privilegió el “sano manejo de las finanzas públicas” con tal de que el Estado pueda prestar los servicios que garantiza la Constitución Política.

Estamos, entonces, ante jerarcas que demeritan el sano manejo de las finanzas ante intereses de individuos.

Es vergonzoso que la cúpula judicial y de la CCSS pongan en riesgo no solo las finanzas públicas, sino la paz social al crear trabajadores de primera, segunda o tercera clase; y es inconcebible que los diputados callen y toleren los atropellos a una ley.

Es momento de que con voz y armas jurídicas se unan para hacer cumplir a todos la reforma fiscal que promulgaron para que no sea solo una ley de papel. No más silencio. No pequen de omisión.

Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.