Armando Mayorga. 29 enero

La cifra habla por sí sola. Mejor dicho: grita, llora... En la frialdad de esos cinco dígitos, se refleja pobreza, desaceleración económica, alto desempleo y decisiones extremas a las que llegan miles de hogares que sí deben ahorrar cincos y olvidarse de “gustitos”. Son 10.000 toneladas. Esa es la carga de ropa usada que importó Costa Rica en el 2019 desde EE. UU. y Canadá, y costó $6,1 millones.

En la calle, ese cargamento se convierte en oro. Según cálculos de El Financiero, solo en el 2012 los comerciantes tuvieron ingresos por lo menos de $125 millones, dado que cada contenedor trae 130.000 prendas y la rentabilidad es de $254.000.

La ropa usada no es solidaridad. Es negocio. El Ministerio pospuso el cumplimiento dos veces por presión de importadores y hasta por “consultas” de EE. UU. debido al temor de que se restrinja el comercio.

La ropa usada no es solidaridad. Es negocio. Ciudadanos de Estados Unidos y Canadá la donan para obra social, pero de allí surge el comercio hacia países como el nuestro, que con 5 millones de habitantes importa 10.000 toneladas, frente a México, que, con 126 millones de personas, le ingresan 27.000, un negocio que genera $23 millones al año y que allá es ilegal por riesgos a la salud. Ese es el problema. La ropa usada debería salir de Estados Unidos o Canadá fumigada, sin piojos, pulgas o ácaros que enfermen al usuario final. Pero eso es cuestionable. Puede ser que la fumigación sea real, pero no el resultado. El Instituto Mexicano del Seguro Social advirtió que su uso puede causar "dermatitis, tiña, sarna y gonorrea”.

El Ministerio de Salud lo tiene claro. En diciembre del 2018, ordenó el lavado de las prendas con agua y detergente a 60 °C durante 20 minutos, seguido de calor por 30 minutos para “la eliminación de vectores de riesgo”. El decreto está en el aire. El Ministerio pospuso el cumplimiento dos veces por presión de importadores y hasta por “consultas” de EE. UU. debido al temor de que se restrinja el comercio.

La tolerancia ha sido extrema. La norma debía entrar a regir el 16 de enero y ahora quedó para el 16 de julio. Los temores, sin duda, son comerciales y los de salud quedan relegados a segundo plano. No se vale porque quienes compran son personas en pobreza o desempleadas. Es falso que el valor de las prendas subirá al punto de ser inalcanzable para ellos. Lo único es que reducirá la ganancia de los comerciantes. Es hora de que el gobierno se amarre la faja: por salud pública, ni una prórroga más.

amayorga@nacion.com

Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.