El primer round lo ganaron las grandes cooperativas. Con pobres argumentos, seis diputados de Liberación, Acción Ciudadana, Restauración y Nueva República dieron sus votos para mandar al archivo el proyecto de ley que grava a aquellas cuyas utilidades son mayores a ¢250 millones.
Las favorecidas con esa votación son minoría, apenas 24 de las 600 cooperativas en operación, las cuales tienen excedentes superiores a esa cifra. Pobrecitas no son, pero los ojos de los diputados las miran con misericordia; esa compasión no la tienen los legisladores para las críticas cuentas del Ministerio de Hacienda, endeudado cada día más para pagar salarios, pluses, pensiones, subsidios…
Un gran perdedor en este primer round es el fisco, el cual no vería un cinco de los ¢6.000 millones anuales que generaría este tributo incorporado a las medidas paralelas a la reforma fiscal. Otro gran perdedor es el Congreso. Con esta votación aumenta su descrédito, pues el 10 de octubre del año pasado, 36 de los 57 diputados se comprometieron, con sus firmas, a tramitar el proyecto de ley a punto de ser enviado al archivo. ¿Cómo confiar en los diputados?
No todo está perdido. El segundo round se dará en el plenario gracias al dictamen de minoría de tres diputados (dos de la Unidad y uno del PAC) avalando el proyecto. Desafortunadamente, el dictamen llegará como cualquier otro, a hacer fila para cuando los diputados quieran darle prioridad.
La idea del proyecto es sencilla: las cooperativas cuyos excedentes netos sean menores a ¢250 millones continúan exentas; las que ganan de ¢250 millones a ¢750 millones abonarían un 10 %; y las que reciban más de ese monto, un 20 %. En esas condiciones, las 24 cooperativas siempre tendrían más ventaja que las empresas tradicionales, gravadas hasta con un 30 % de impuesto sobre la renta. No importa. Lo relevante es que las grandes cooperativas, exoneradas por más de medio siglo, al fin contribuyan a reducir la crisis fiscal y no se queden con las manos atrás.
Los diputados, en el plenario, deben ser consecuentes con lo firmado en octubre, cuando excluyeron a las cooperativas de la reforma fiscal y dejaron, para después, la decisión de gravar sus utilidades. El país no está para comer más cuentos de “pobrecitos” porque, a partir de julio, con la entrada en vigor del plan fiscal, todos, ciudadanos y empresas, deberán tributar y, muy campantes, a las grandes cooperativas se les quiere dejar fuera del canasto. No se vale.
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Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.