Armando Mayorga. 17 octubre

Los magistrados del Poder Judicial hicieron lo de la dama de la justicia: se vendaron los ojos, ignoraron la crisis financiera en que está el país y votaron para oponerse a la reforma fiscal que pone límites a sus desproporcionados privilegios salariales.

Su mensaje es pésimo: no tienen disposición de ser austeros en el gasto del dinero público y se declaran una “isla judicial” intocable a un plan cuya única intención es poner límite a los millonarios salarios que ellos mismos se aprueban (y que no tienen tope) y a los desproporcionados incentivos que ya llegan al ¢1 millón mensual, promedio, por cada empleado judicial.

Alegan “autogobierno” salarial, pero esa figura solo ha servido para beneficio propio

Los magistrados envían un mensaje lamentable al país: reflejan una total falta de solidaridad, pues en tiempos de escasez de dinero, se eximen de sacrificios o de regulaciones salariales.

Ellos operan y viven de los impuestos que pagan los costarricenses y, poco les importa que el resto de los trabajadores públicos o privados, o ciudadanos, carguen en sus hombros el ascendente costo de la planilla judicial.

Alegan “autogobierno” salarial, pero esa figura solo ha servido para beneficio propio, porque no han sido capaces ni siquiera de poner límite a los costosos pluses creados por la Corte Plena sin sustento legal y que, con solo una decisión de ellos mismos, podrían desaparecer o moderarse. El actuar de los magistrados deja al descubierto su desconexión con la realidad nacional porque ignoran que si siguen por este camino Hacienda no tendrá dinero para seguir financiándoles su mal manejado “autogobierno”, que depende, totalmente, de los impuestos.

Se amparan, además, en su “independencia”… nadie les irrespeta su “independencia” en materia jurisdiccional. Nadie, está influyendo en sus resoluciones. Incluso, nadie, les está tocando su 6 % de los ingresos corrientes que les corresponde y que les protege la Constitución Política. Se escudan en “independencia” para proteger incentivos salariales insostenibles, pero esa “independencia” la ponen en peligro por esa renuencia a manejar racionalmente el dinero público.

Los magistrados, lamentablemente, no quieren quitarse la venda que les impide ver a un país en crisis.

Armando Mayorga es jefe de Redacción en La Nación.