Armando Mayorga. 4 abril

Las pruebas son claras. La oficina del MEP encargada de construir o reparar escuelas y colegios es un antro de ineficiencia, pese a estar repleta de dinero. El gobierno debe ser consecuente con su discurso sobre el buen uso de los fondos públicos y despedir, de inmediato, a los 120 empleados, entre ingenieros, arquitectos, abogados y administrativos, por entorpecer las obras.

Los reportes son precisos. En la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del Ministerio de Educación se paralizan los proyectos porque el personal es “conflictivo”, al punto de estar peleados entre ellos, pese a que un plan debe pasar de mano en mano por los ocho departamentos para recibir el visto bueno. Así, imposible.

De acuerdo con la Auditoría Interna del MEP, el personal es “despreocupado” y el ministro, Edgar Mora, informó haber hallado hasta ahora 100 presupuestos inflados para igual número de proyectos.

La Nación publicó que un grupito de 12 ingenieros externos acaparan millonarios contratos y, solo por hacerse responsables, ganan un 10,5 % del costo de cada obra. Esa docena de profesionales recibió en solo tres años ¢4.515 millones por sus servicios; un promedio de ¢376 millones cada uno. Millonarios, porque cada uno devengó unos ¢125 millones anuales.

Si hay indicios de corrupción, el Ministerio Público debe pedir cuentas y documentos antes de que desaparezcan.

La tolerancia con la DIEE ha sido mayúscula y el gobierno que la permita por más tiempo será cómplice del uso irresponsable del dinero público asignado a esa oficina. También es irresponsable, y sancionable, que un gobierno, un ministro o los mismos sindicatos del MEP toleren engavetar ¢140.000 millones mientras es harto conocido que 600 escuelas afrontan órdenes sanitarias o cientos de estudiantes reciben clases hacinados en aulas al estilo de un precario.

La DIEE, creada en el 2007, comenzó a reflejar su inoperancia en el 2011. Según informes de la Contraloría General de la República, reúne los elementos lógicos para ser cerrada. Mantenerla abierta es botar el dinero público porque construye obras a paso de tortuga y a un costo mucho más alto que el del mercado. Toda la prueba apunta a que allí nada camina.

Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.