Armando Mayorga. 24 febrero
Rectores y empleados universitarios se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa el jueves pasado contra el proyecto de empleo público. Foto tomada del perfil del Conare en Facebook.
Rectores y empleados universitarios se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa el jueves pasado contra el proyecto de empleo público. Foto tomada del perfil del Conare en Facebook.

La base de datos donde figuran los salarios pagados por las universidades públicas evidencia cuán cara les sale a los ciudadanos la tergiversada autonomía universitaria.

En nombre de esa independencia, las universidades hacen fiesta con el pago de incentivos salariales, al punto que una profesora de Estadística gana ¢9,9 millones; un inspector de tránsito, ¢2,2 millones; una secretaria, ¢2 millones; un acomodador de cine, ¢2 millones; y un chofer de vehículo liviano, ¢2,6 millones. La base de datos es pública, está en nacion.com, y refleja cómo esos centros de estudios se aíslan de la realidad nacional.

El «gobierno propio» que les da la Constitución Política es manejado irresponsablemente, porque nunca nunca la intención de los constituyentes, hace siete décadas, fue que la soberanía condujera a salarios tan desproporcionados, sin importar el impacto en las finanzas públicas.

Si se les dio la libertad de administrar dinero, fue para desarrollar la educación universitaria, ampliar el acceso de los jóvenes a las aulas, pero nunca para servirse a plato lleno, como lo reflejan los sueldos de lujo.

Resulta inconcebible que, pese al déficit que arrastran las finanzas del Gobierno Central, ahora más profundo debido ala pandemia, las universidades pretendan invocar la autonomía para engordar más la desigualdad, la asimetría, con respecto al resto de los empleados públicos, y ni se diga cuando se comparan con el sector privado.

Tanto han manoseado la autonomía que la ponen como escudo para excluirse del ordenamiento jurídico (reforma fiscal, por ejemplo) y hasta del poder de regulación de la misma Asamblea Legislativa. Se han declarado, en la práctica, desvinculadas del aparato estatal, cuando lo más claro es que son parte y, sin dinero público, no respirarían ni un día.

Algunos diputados se comen el cuento de la «autonomía total» y, con base en eso, alegan que tal independencia impide incluirlas en la ley de empleo público. ¿Por qué antes de dar veredicto no dejan que sean los magistrados los que sentencien?

Solo una reforma marco del empleo público, nunca los rectores, pondrá orden en salarios tan irracionales. La autonomía es universitaria, no para malgastar dinero ajeno.

amayorga@nacion.com