Armando Mayorga. 15 agosto

Imposible olvidar la crisis de 1981. Filas kilométricas en los estancos del Consejo Nacional de Producción para comprar arroz, frijoles, azúcar, leche en polvo porque los alimentos escaseaban en pulperías y supermercados. El racionamiento era absoluto.

La suspensión de pagos de la deuda costarricense, que ordenó el gobierno de Rodrigo Carazo, nos había enviado a un infierno económico. El dólar se disparó de ¢8,60 a ¢60 o más en cuestión de días.

Delito habría sido no pagar y sepultarnos a todos en una mayor crisis económica que implicaría alza en el dólar, créditos, impago de salario a funcionarios, a pensionados...

Solo a alguien que no haya sufrido esos meses se le ocurriría, hoy, que el Ministerio de Hacienda repita la irresponsabilidad de decirles a sus tenedores de bonos: “No pago porque no tengo el dinero autorizado por los diputados”.

Solo a la diputada de Liberación Franggie Nicolás, nacida en 1986 y que por tanto no vivió el dolor de cómo la calidad de vida se vino al suelo porque el gobierno decidió no pagar, se le ocurriría repetir.

Costa Rica ya casi hizo todos los puntos para enviar una mala señal a quien quiera invertir en bonos. Las calificadoras de riesgo nos bajaron la nota y hasta compradores como la CCSS y bancos públicos declinaron adquirir a largo plazo porque desconfían de la capacidad de pago. El problema es grave porque solo en lo que falta del año Hacienda debe pagar $1.892 millones de créditos pasados y la plata no existe. Hay que vender bonos y eso cuesta.

Si a eso sumáramos que diputados como Nicolás habrían deseado que la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, no pagara a los acreedores porque el Congreso no le ha dado permiso, era como cerrar la tapa del ataúd para que nos enterraran a todos.

La ministra fue responsable al salir a pagar de emergencia esos ¢182.000 millones a acreedores. Irresponsable es quien crea que debía declarar una suspensión de pagos mientras espera por meses o años un “sí” de los diputados.

Decisiones como la de Nicolás, de acusar penalmente a Aguilar porque pagó sin permiso legislativo, es actuar contra la estabilidad del país. Delito habría sido no pagar y sepultarnos a todos en una mayor crisis económica que implicaría alza en el dólar, créditos, impago de salario a funcionarios, a pensionados... La diputada debe entender que las posiciones populistas o para ganar fama pueden enterrar al país.

Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.