El 1.° de julio entrará a regir la reforma fiscal y, con ella, el impuesto sobre el valor agregado (IVA), el cual carga el pago hasta de un 13 % a servicios antes exentos, como Netflix, Spotify, el gimnasio, los altos consumos de agua o electricidad y alquileres mayores a ¢660.000. Además, a las cuotas del condominio por seguridad y jardinería.
El impuesto sobre la renta también. Los salarios inferiores a ¢817.000 seguirán exentos, y a partir de allí se aplicará la escala del 10 % y 15 % existente, pero nacen dos nuevas: una del 20 % y otra del 25 % que tocarán sueldos superiores a ¢2,1 millones.
También vendrá el impuesto del 15 % a las ganancias de capital, es decir, a personas o empresas por ventas de casas, lotes, acciones...
Esos cambios elevarán el costo de vida porque los bienes y servicios serán más caros. A ello se suma otro efecto negativo: más meses de contracción económica porque la conducta será reducir el consumo, y su consecuencia es más desempleo privado.
La reforma era necesaria, pues los ingresos de Hacienda son insuficientes dados los crecientes gastos del Gobierno. Los más pesados son por transferencias de ley (2,46 % del PIB en el primer cuatrimestre), salarios y pensiones (2,28 %) y pago de intereses de la deuda pública (1,31 %).
Llegamos a esta reforma porque el gasto en remuneraciones se disparaba hasta un 6 % anual debido a decenas de incentivos creados irresponsablemente por diputados y políticos para congraciarse con los sindicatos.
Por ese gasto desproporcionado, llegamos al colmo de que el gobierno pida prestado para pagar salarios y pensiones. Por eso, es momento de que los empleados públicos entren en razón. La reforma es para financiar sus salarios. Lo ideal, en crisis fiscal, era recortar planilla, como debió hacerlo el sector privado por la desaceleración económica.
Pero, no. Ni un solo funcionario ha perdido su trabajo, pese a que ameritaba, porque si algo sobra, con la digitalización, son trabajadores.
Entonces, es hora de cordura. La mayoría del país, y de los trabajadores privados, está dispuesta a pagar más por ellos, pero sin que el gasto se dispare —sin razón— un cinco más. En eso, la administración Alvarado y los 57 diputados deben plantarse ante los sindicalistas porque, si no, el descrédito de la reforma fiscal será mayúsculo.
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Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.