El domingo 17 de marzo de 1985, hace 34 años, el poderoso narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, en fuga, aterrizó en un jet privado en el aeropuerto Juan Santamaría, bajó de la escalerilla, subió a un auto, alguien ordenó abrirle los portones y así, ilegalmente, entró al país.
Una “autoridad política superior”, como la llamaron los diputados de entonces, se hizo millonaria con tal bienvenida. Era la primera vez que en Costa Rica se ponía al descubierto lo fácil que era, para un avión que salió de México con un capo, volar y aterrizar aquí.
Treinta y cuatro años después, seguimos igual: en el aire. Los aviones narco despegan, vuelan y aterrizan con total soberanía. El espacio aéreo es “tierra sin dueño” porque lo recorren a sus anchas. En tierra, lo mismo: los “administradores” de las pistas clandestinas los reciben y abastecen sin temor porque están seguros de que ni policías, fiscales o jueces podrán llevarlos a prisión, y menos comisarles las tierras. Son muy, muy pocos, quienes han caído.
Incluso, desde el 2010, está probado que los carteles mexicanos compran o alquilan pistas clandestinas. En marzo de ese año, una operación de la Policía de Colombia, junto con la DEA, capturó en Medellín a un hombre de apellidos González Vásquez, quien les hacía ese trabajo.
En enero pasado, en el juicio contra el Chapo Guzmán, en Nueva York, su antigua mano derecha, Alex Cifuentes, testificó que adquirió fincas aquí para el trasiego de la cocaína del capo. También en el 2010, una noticia causó revuelo: a diario se detectaban siete vuelos clandestinos en territorio nacional. Hoy, deben ser muchos más.
La frescura con la cual los narcotraficantes siguen operando su flotilla la puso en evidencia la noticia publicada el martes pasado, donde informamos que en los dos primeros meses del año los narcos perdieron cuatro naves en suelo costarricense, no porque se les diera caza o los derribaran, sino por mala suerte o alguna falla. De seguro, cuatro son pocas, pues muchas más aeronaves cumplieron la misión de trasegar cocaína y dinero.
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Ese soberanear de los aviones narco se da porque el Estado se cruzó de brazos en estos 34 años tras la “invasión” de Caro Quintero. El Ministerio de Seguridad Pública es el llamado a tomar acciones concretas para salir de esta desidia, pero son los 57 diputados quienes deben dejar de lado la omisión de tres décadas y aprobar la legislación necesaria para detectar y repeler a los narcotraficantes.
Tanta permisividad con ellos es la que ha causado que miles de costarricenses caigan en sus redes y se maten por droga y dinero. Seguir de brazos cruzados, es complicidad.
amayorga@nacion.com
Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.