Shlomo Ben-Ami. 22 agosto

MADRID – En el 2016, el gobierno de Colombia alcanzó un histórico acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y puso fin a una guerra de 52 años en la que murieron más de 265.000 colombianos y otros 7 millones fueron desplazados. Este acuerdo ha sido aclamado como un nuevo modelo para la solución de conflictos aparentemente intratables, pero ahora enfrenta una prueba de una magnitud inédita.

Erradicar las raíces de un conflicto tan prolongado sería difícil incluso en las mejores circunstancias. Pero lo será todavía más con la asunción de Iván Duque Márquez como presidente de Colombia. El mentor de Duque es el expresidente Álvaro Uribe, némesis política del predecesor inmediato de Duque, Juan Manuel Santos, el arquitecto del acuerdo de paz.

El acuerdo de paz no es perfecto. Pero subsiste el hecho de que Santos dejó a su sucesor un país libre del azote de la insurgencia de las FARC

Duque ya se ha negado a reconocer pilares fundamentales del acuerdo, comenzando con la condición conferida a las FARC de partido político legítimo, habilitado para participar en elecciones democráticas. También rechaza la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un nuevo sistema tribunalicio extrajudicial, creado como parte del acuerdo para tratar según el principio de justicia transicional el legado de abusos cometidos por las guerrillas de las FARC y las organizaciones paramilitares de derecha que las combatieron.

El poderoso establishment conservador de Colombia nunca aceptó el espíritu liberal en que se basa la JEP, tendiente a una justicia de carácter más restaurador que punitivo, que pone a las víctimas (y a la verdad) en primer plano. Esto incluye reparaciones a las víctimas y reconocimiento de culpas, pero también la posibilidad de que los altos mandos de las FARC no vayan a prisión por sus crímenes.

Sin embargo, el Senado de Colombia ha sustraído del ámbito de la JEP a figuras militares, empresariales y políticas de alto rango sospechosas de complot con los paramilitares de derecha. Los senadores sostienen que el Ejército necesita otro tribunal con “jueces imparciales”, en vez de los “izquierdistas” de la JEP. Esto desvirtúa el acuerdo incluso antes de la asunción de Duque.

Felizmente, un fallo de la Corte Constitucional de Colombia impide al presidente cambiar sustancialmente las condiciones del acuerdo de paz. Pero, aun así, Duque puede dificultar su implementación, negándole los recursos y la atención política necesarios. De modo que la pregunta es si adoptará una actitud pragmática, aunque eso suponga enfrentarse a Uribe (como hizo Santos).

Pero incluso sin una oposición activa de Duque al acuerdo de paz, su ejecución supone grandes desafíos. Oficialmente, las FARC están desmovilizadas, pero algunos de sus integrantes se han negado a abandonar la lucha y están trabados en una guerra sin cuartel con grupos paramilitares (surgidos en algunos casos de las milicias de derecha que se desmovilizaron a principios de este siglo); con el Ejército de Liberación Nacional (ELN, una milicia marxista que resistió la oferta de Santos de negociar un acuerdo de paz separado); y con bandas criminales que compiten por adueñarse de la economía ilícita de las FARC.

Esa economía incluía la coca, materia prima de la cocaína. La lucha por el control de este y otros recursos ilícitos se concentra en alrededor de una cuarta parte de los municipios del país, de los que solo el 5 % está bajo control estatal. Dado el inmenso tamaño de Colombia, su paz y su estabilidad siempre han dependido de la capacidad del Estado para proveer servicios y apoyo institucional a regiones históricamente marginadas.

Las áreas evacuadas por las FARC carecen de ese apoyo y corren riesgo de nueva inestabilidad (de lo que da muestra el incremento de asesinatos con motivaciones políticas). Intimidados por la violencia, los pequeños terratenientes se ven obligados a malvender a grandes empresas agroindustriales los terrenos usurpados que recuperaron al amparo de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (otro de los pilares del acuerdo de paz).

Las áreas evacuadas por las FARC a las que están entrando esas empresas incluyen partes de la Amazonia colombiana, cubiertas por bosques vírgenes que ahora corren riesgo de destrucción. Solo el año pasado, Colombia perdió casi medio millón de hectáreas de cubierta forestal (un 46 % más que el año anterior). La destrucción de este ecosistema vital puede acelerar el cambio climático.

Son problemas serios cuya solución demanda reformas estructurales profundas y duraderas. Pero no es excusa para abandonar el acuerdo de paz. Al fin y al cabo, eran problemas previsibles: a diferencia de los acuerdos de paz entre Estados funcionales (donde el énfasis estaría puesto, por ejemplo, en la delimitación de fronteras), los acuerdos con actores no estatales casi siempre van seguidos de procesos de construcción estatal complejos y prolongados.

Piénsese en el Acuerdo de Belfast, que trajo paz al norte de Irlanda tras tres décadas de violencia. Se firmó en 1998, pero pasaron siete años antes de que el Ejército Republicano Irlandés accediera a entregar las armas, y otros dos años antes de que protestantes y católicos llegaran a un acuerdo definitivo para la formación de gobiernos conjuntos (y cuando estos fallaron, el del Reino Unido reasumió transitoriamente el control directo).

Igual que el Acuerdo de Belfast, el acuerdo de paz de Colombia se basa en un intercambio sencillo: participación política a cambio de desarme. Pero el único modo de implementar el acuerdo es reconstruir la abandonada periferia rural colombiana, una tarea enormemente compleja, cuya dificultad se agrava por la resistencia de intereses económicos arraigados y políticos conservadores a su servicio.

Debido en parte a esa resistencia, según la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos, hasta ahora el gobierno de Colombia solo logró el 18,5 % de las reformas, leyes y promesas estipuladas por el acuerdo de paz, que incluyen desde reparaciones económicas y garantías de seguridad hasta asistencia a los agricultores que aceptaron dejar de producir coca. La presidencia de Duque será juzgada por su voluntad de enfrentar los intereses arraigados y promover el proceso de paz.

El acuerdo de paz no es perfecto. Pero subsiste el hecho de que Santos dejó a su sucesor un país libre del azote de la insurgencia de las FARC y en camino a una paz duradera (además de una hoja de ruta para un posible acuerdo de paz con el ELN). También sentó las bases de reformas rurales que, de completarse, producirán nada menos que una revolución agraria en Colombia. Duque no debe desperdiciar una oportunidad única de entregarle a su país la paz y estabilidad duradera con que los colombianos sueñan hace mucho tiempo.

Shlomo Ben-Ami, exministro israelí de Asuntos Exteriores, es vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz y autor del libro ‘Cicatrices de guerra, heridas de paz: la tragedia árabe-israelí’. © Project Syndicate 1995–2018