Columnistas

Amenazas para la democracia

Lo ocurrido en El Salvador y en Costa Rica, con el relator de la ONU, obligan a estar vigilantes

El Congreso de El Salvador destituyó a cinco magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional y a los suplentes, acción que constituye un golpe al orden constitucional.

Una Corte complaciente consolida un poder ilimitado en manos del actual gobernante. Los reclamos de otros países y de órganos multilaterales no tuvieron eco en el presidente Bukele.

No es nuevo. Lo han hecho otros jefes de Estado que visten ropajes democráticos, pero por su deseo de perpetuarse en el poder aniquilan todo foco de oposición, acallan a los medios de comunicación, toman control de las instituciones auditoras y de los poderes judicial y electoral. Ejemplos de ello son Venezuela y Nicaragua.

Un intento de intervención, aunque no de tales magnitudes, ocurrió en el país, pero gracias a la decisión de la Corte Plena de rechazar la participación del relator de las Naciones Unidas Diego García-Sayán, fue posible evitar un irrespeto a la independencia de poderes y al principio de no intromisión en asuntos bajo conocimiento de la Sala Constitucional.

Como señaló el editorial de este diario el miércoles, quienes cursaron la invitación para hablar sobre la elección de magistrados intentaban traer a la mesa, mediante un actor internacional, la defensa de privilegios y argumentos defendidos sin éxito frente al Poder Ejecutivo.

La tesis del relator, de que las reformas han violado el principio de irreductibilidad del salario judicial y el régimen jubilatorio, es errónea y temeraria, porque ambas respetan derechos adquiridos y la irretroactividad de la ley, garantías que demanda nuestra carta magna. No interpretarlo así prácticamente daría a salarios y jubilación la condición de normas pétreas. Un absurdo.

Ambos ejemplos, la destitución de jueces en El Salvador y la fallida intervención de un relator en Costa Rica que buscaba influir en resoluciones judiciales y, con ello, sesgar un proceso legislativo, son señales de que hay amenazas nuevas y latentes contra la independencia judicial en la región.

Si bien ambas son de diferente proporción, ameritan estar vigilantes a futuras acciones.

nmarin@alvarezymarin.com

La autora es politóloga.