EscucharCosta Rica vivió una década de inflaciones muy controladas, el crecimiento de precios estuvo durante muchos años dentro de las bandas de variación establecidas por el Banco Central (BCCR).
Las bandas eran de base baja y estrechas, pero no siempre se llegaba al techo. Los principales socios comerciales tenían un crecimiento de precios bastante moderado y tasas de interés ancladas en valores bajos, los que en época de pandemia se hicieron aún más bajas, incluso negativas.
Algunas políticas públicas nacionales hicieron caer las tasas de interés comerciales directa o indirectamente, como respuesta a políticas del BCCR con respecto a las tasas indicativas, como la básica pasiva o de política monetaria. Fueron tiempos en los que la estabilidad era la prioridad, incluidas las remuneraciones.
Nos acostumbramos a un escaso crecimiento de los precios y a una política de ajuste relativamente estable y de compensaciones enjutas.
Los precios aumentaban poco, los salarios en colones se ajustaban en porcentajes pequeños, los créditos eran relativamente estables, aunque caros desde el principio a causa de las elevadas tasas de interés locales.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas estableció un congelamiento de los salarios del sector público mientras la deuda esté por encima del 60%.
Si usted tenía créditos u obtenía su ingreso en dólares, podía estar sometido a alegrones o sustos por el tipo de cambio, que depende de los ingresos en divisas por empréstitos sobre todo el sector público, de la inversión extranjera directa o de los términos de intercambio, no tanto del crecimiento relativo de precios locales.
En los últimos meses, el país ha mejorado su situación fiscal, por consiguiente, también las calificaciones y el trato internacional de los títulos.
No obstante, el tipo de cambio ha subido casi un 10% en meses recientes, reflejo de que el flujo de empréstitos bajó el ritmo de ingreso al país y se deterioraron los términos de intercambio.
Un remezón
Pero comenzaron algunos problemas en contra de la estabilidad prolongada en el mundo ligado y el país. Las políticas de recuperación de las naciones desarrolladas fueron muy amplias, a pesar de que ya sus economías habían logrado el pleno empleo laboral.
De esta forma, indujeron el crecimiento, luego de contracciones sin precedentes, lo que sometió a presión las cadenas de suministros de productos manufacturados que estaban un tanto entumecidas y en no buena posición, por ejemplo, los contenedores han quedado en los lugares de destino y no en los de origen.
A lo anterior se agrega el impacto de la dificultad de abastecerse de commodities (algunos alimentos y derivados del petróleo), pues Rusia invadió a Ucrania, lo que fue respondido con sanciones tanto a personas como al comercio y restricciones impuestas por desarrollarse la guerra en un país granero del mundo.
Rápidamente, los precios crecieron a consecuencia de costos de traslado, escasez, guerra y restricciones al comercio. Las tasas de interés en los países desarrollados comenzaron a crecer con celeridad, pero de manera desigual según el país.
Consecuencias
Costa Rica, por supuesto, no quedó exenta de las consecuencias. Tenemos una inflación en socios comerciales que tiende al 10%, la inflación local va un tanto rezagada con un nada despreciable 6% al consumidor y casi un 20% al productor, las tasas locales tenderán a subir con la inflación o el impacto en cuotas con el tipo de cambio de manera cotidiana.
Los salarios lo harán a un ritmo anual o bianual, en el mejor de los casos. Los salarios públicos seguirán congelados, ahora con resultados mayores en la reducción de la capacidad adquisitiva, lo que es muy crítico para los de menor ingreso.
Esto impulsará una reducción de la mitad de los gastos públicos asociados a remuneraciones, mientras aguante el malestar y la protesta, y no tiren a la pobreza a no pocos sectores de empleados públicos y privados.
Con fuertes razones como las mencionadas para un creciente enojo social, ¿cuánto malestar soportará esta caldera?
Anticiparse
El índice de precios al consumidor (IPC) mensual es general, no distingue sectores de ingreso. Aunque en sus cálculos e información desagregada sea posible identificar implicaciones muy detalladas para grupos muy pequeños de ingreso, no lo hace.
Estas consecuencias afectan de manera desigual. Por ejemplo, serían muy útiles los cálculos de las implicaciones de los incrementos de precios en los patrones de consumo por niveles de ingreso; los informes Estado de la Nación los calculaban cada vez que se disponía de una encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares (Enigh). Para la más reciente, solo están publicados por el INEC de manera agregada. Ahora bien, de manera agregada, la Enigh más reciente aporta datos por grupos del 20% (quintiles) de ingreso.
El quintil de menor ingreso gasta un 64% en rubros sensibles al alza de precios, esto es, alimentación, transporte, vivienda, servicios, gas y otros combustibles. El 20% de mayor ingreso gasta 20 puntos porcentuales debajo en estos rubros sensibles, sin considerar que ahorra alguna parte de sus ingresos.
Esto sugiere que los reajustes salariales deberían considerar este hallazgo y favorecer a los de ingresos más bajos.
Nuestra política social
Las principales políticas públicas son de carácter universal, no distinguen niveles de ingreso. Por miles de razones, quienes no las utilizan lo hacen por autoexclusión, por ejemplo, quienes estudian en educación privada o pagan su salud de manera privada.
Las políticas universales son financiadas con recursos fiscales o mediante contribuciones a la seguridad social. Por cierto, estas políticas públicas, según estudios reiterados, son las que tienen mayor impacto en el combate de la pobreza.
También hay políticas focalizadas. La condición para tener acceso a tales recursos es estar en condición de pobreza, medida por instrumentos supervisados —el registro de personas y hogares del Sinirube— que emplean algunas instituciones, como el IMAS.
Los recursos para la política focalizada provienen centralmente de lo recaudado por la CCSS. Son parte de las cargas sociales, junto con las contribuciones propiamente a la CCSS.
En el contexto actual, pierde sentido, si es que lo tenía, plantear debilitar la política social focalizada. Nótese que el BID quisiera financiar la compensación de pérdida adquisitiva de los de menor ingreso. Costa Rica posee los instrumentos para hacerlo, solo que están limitados por las sobriedades de crecimiento del gasto establecidos por la regla fiscal.
Si queremos prever, tendríamos que estar planificando compensar la pérdida adquisitiva de los hogares producto de una mayor inflación y los eventuales impactos de la devaluación, con previsiones detalladas por ingresos; planificando la publicación del IPC por sector de ingreso, si se quiere elaborar políticas públicas realistas y ajustadas a la situación real de los hogares; y precisando cómo modificar la regla fiscal para hacer viables esas políticas, sin descarrilar el ordenamiento fiscal antes de que sea desbordado.
miguel.gutierrez.saxe@gmail.com
El autor es economista.
