Gabriela Ramos y Mario Pezzini. 11 febrero

PARÍS – Si se toma como referencia el ritmo actual de progreso, se tardará más de 200 años para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito laboral. En muchos países, todavía se obliga a las niñas a casarse cuando ellas aún son muy jóvenes, lo cual limita su acceso a la educación formal y futuras oportunidades de empleo. En Níger, por ejemplo, en el 2016, el 76 % de las niñas entre 15 y 19 años de edad ya estaban casadas, lo que explica, en parte, por qué el 73 % de las niñas en edades en las que deberían asistir a la educación secundaria inferior ya no asisten a la escuela. El trabajo infantil también es muy común, y casi un tercio de las mujeres del mundo creen que la violencia doméstica es un castigo justificable bajo ciertas circunstancias, tales como quemar la comida.

¿Qué refleja lo antedicho acerca de los valores humanos cuando se considera más aceptable golpear a una mujer que arruinar la comida para la cena?

Un mundo más equitativo e inclusivo en cuanto a género requerirá de un cambio trascendental: en cuanto a percepciones, actitudes, estereotipos y leyes

Los marcos jurídicos consagran tales valores humanos. Diez países todavía permiten la violación conyugal y nueve aún permiten que los violadores eviten su castigo si ellos se casan con sus víctimas. En el caso de muchas más mujeres, dichos valores son los que permean hacia dentro de las estructuras sociales, que son las que a su vez les niegan oportunidades. En todo el mundo, la carencia de licencias de maternidad con sueldo pagado, servicios de guardería infantil o políticas laborales favorables a la familia impiden la participación de las mujeres en la economía formal. Incluso cuando las mujeres logran tener una carrera laboral, ellas aún tienen que asumir tres cuartas partes de las responsabilidades dentro del hogar.

Un mundo más equitativo e inclusivo en cuanto a género requerirá de un cambio trascendental: en cuanto a percepciones, actitudes, estereotipos y leyes. Se justifica la promoción de tal cambio no solo por razones morales, sino también en términos económicos. Según nuestras estimaciones, si los países eliminaran la discriminación basada en el género y concedieran a las mujeres un mayor acceso a la educación y el empleo, el PIB mundial aumentaría en $6 billones en el transcurso de la próxima década. No obstante, si bien la razón para el cambio puede estar muy bien fundamentada, los países a menudo tienen dificultades para desarrollar políticas basadas en el género que estén enraizadas en datos y evidencias sólidas, por la falta de estos.

Para abordar dicha carencia, en el 2009 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desarrolló el Índice de instituciones sociales y género (SIGI) con los datos de unos 180 países. Este índice, junto con el SIGI Policy Simulator, un simulador de políticas lanzado este año, se constituyen en una herramienta para que los gobiernos evalúen cuán inclusivas son sus políticas de género, identifiquen áreas susceptibles de reforma y evalúen los programas que ponen en práctica.

Los datos ya han generado significativas y profundas apreciaciones. Consideremos, por ejemplo, Alemania. Si bien el país ocupa un lugar alto en los índices de igualdad de género a escala mundial, SIGI muestra que podría ingresar en la lista de los 10 primeros países con un cambio relativamente simple: imponer jurídicamente que las personas reciban igual remuneración por igual tarea. La ausencia de tal requisito le cuesta a Alemania el equivalente al 1 % de su PIB, según cálculos hechos a partir del más reciente documento sobre Perspectivas Económicas de la OCDE.

En Chile, otorgar a las mujeres casadas los mismos derechos de propiedad que gozan los hombres casados aumentaría la inversión total en un 1 %. En Vietnam, si se ayuda a que las mujeres accedan a las mismas oportunidades profesionales que los hombres, se aumentaría la participación total en la fuerza laboral en un 1 %.

En muchos países, únicamente las madres tienen derecho a licencia tras el nacimiento de un hijo. Eso refuerza la percepción de que el trabajo de cuidado no remunerado es tarea de la mujer, lo que a su vez causa una asimetría en la distribución de las tareas domésticas. Las mujeres en Pakistán y en la India, en promedio, pasan diez veces más tiempo haciendo tareas domésticas que los hombres, lo cual significa que ellas tienen menos tiempo para participar en actividades relacionadas con el mercado, el estudio o simplemente para relajarse. Se debe hacer notar que esta tendencia no es, en lo absoluto, exclusiva del sur de Asia.

Por lo tanto, ¿cómo pueden los gobiernos utilizar SIGI para cambiar sus leyes y promover la igualdad de género? La mejor manera es aprender de las experiencias de otros. En Sudáfrica, la Ley de Reconocimiento de Matrimonios Consuetudinarios de 1998, junto con la Ley de Uniones Civiles del 2006, eliminó con eficacia tanto el matrimonio forzado como el matrimonio infantil. En Liberia, una ley aprobada en el 2015 otorga el derecho a las mujeres para que ellas reciban igual remuneración por igual tarea. En el 2000, Etiopía revocó una norma que otorgaba solamente a los hombres el derecho de administrar los bienes familiares. En el 2015, Bulgaria eliminó una legislación que permitía la existencia de profesiones y ocupaciones que solamente podían ser desempeñadas por hombres. En el 2002, Suecia quiso coadyuvar en la búsqueda del equilibrio en las responsabilidades de cuidado de niños entre ambos padres mediante el aumento de la “cuota asignada al padre” en la ley de licencia parental, ampliándola de un mes a dos.

Los datos y la planificación hicieron posibles esas iniciativas, y los nuevos conjuntos de datos de la OCDE están diseñados para ayudar a que otros países sigan los ejemplos antedichos. Armados con información, los líderes pueden convertir la retórica sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en acciones trascendentales. En última instancia, dichas acciones ayudarán a crear entornos de igualdad tanto para mujeres como para hombres, y coadyuvarán en la construcción de sociedades sostenibles, respetuosas y pacíficas para todos nosotros. Ahora contamos con los datos para ayudar a que las mujeres alcancen su potencial, así como también contamos con datos que nos ayudan a evidenciar qué nos pasa a todos nosotros cuando no las ayudamos.

Gabriela Ramos es jefa de gabinete de la OCDE, sherpa para el G7 y G20 y líder de la Estrategia de Género de la OCDE. Mario Pezzini es director del Centro de Desarrollo de la OCDE y asesor especial del secretario general de desarrollo de la OCDE. © Project Syndicate 1995–2019