El medio de comunicación Confidencial nació a mediados de junio de 1996, durante la primavera de la libertad de expresión en Nicaragua, en el último año de gobierno de mi madre, Violeta Barrios de Chamorro.
El país estaba saliendo del pantano de la polarización política heredada de la guerra, y, en la puja por subordinar la política de las armas al poder civil y afianzar las nuevas instituciones, los periodistas fuimos testigos y también protagonistas de la transición democrática. Entonces, creíamos, equivocadamente, que la libertad de prensa, el pluralismo político y la tolerancia eran políticas de Estado que se mantendrían irreversibles en la Nicaragua del futuro.
Hoy, un cuarto de siglo después, la nueva dictadura del siglo XXI confirma, por un lado, el fracaso de la transición que no condujo a la consolidación democrática y, por el otro, la perseverancia de la prensa independiente, que ha resistido todas las agresiones del poder autoritario.
Confidencial arriba a sus primeros 25 años con sus oficinas dos veces ocupadas por la policía y con una redacción en el exilio, haciendo periodismo en resistencia. Un periodismo que se nutre con la confianza de las audiencias en el compromiso de nuestros reporteros de apegarse a la verdad, a cualquier costo, y de su talento profesional para seguir contando historias, aun bajo una dictadura totalitaria que ha intentado callarnos por todos los medios, sin lograr nunca confiscar el periodismo.
En el recorrido turbulento de este cuarto de siglo, entre la regresión autoritaria y los cambios tecnológicos que revolucionaron la industria de la prensa, también surgieron oportunidades que nos permitieron hacer de Confidencial un medio de comunicación innovador, enfocado en servir a intereses muy diversos de nuestras audiencias, combinando la cobertura de actualidad de las noticias con la información en profundidad y el periodismo narrativo.
La revolución tecnológica abrió caminos insospechados para llegar a audiencias masivas, primero, a través de la televisión y, después, por medio de Internet y las redes sociales, manteniendo invariable el objetivo original de hacer periodismo de calidad.
En estos 25 años, Confidencial ha investigado decenas de casos emblemáticos de corrupción pública, sin dejar de fiscalizar los poderes privados. En un país sin Estado de derecho, estas denuncias y sus pruebas fueron ignoradas por las instituciones estatales encargadas de vigilar y corregir las políticas públicas, aunque sí tuvieron el impacto de documentar para la historia la corrupción, la demolición de las instituciones democráticas y la represión estatal, primero selectiva y después, masiva, esperando que en Nicaragua se constituya una Comisión de la Verdad.
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Las consecuencias de hacer periodismo crítico —la intimidación estatal, el espionaje militar, las campañas de linchamiento en los medios oficiales, el bloqueo para acceder a la información pública y también las represalias de algunos anunciantes privados— las asumimos como parte de los gajes del oficio de tomar partido por los ciudadanos para fiscalizar el poder.
Pero la política oficial de tolerar la existencia de la prensa crítica, bajo severas restricciones, cambió radicalmente durante la insurrección cívica de abril del 2018, cuando la dictadura Ortega Murillo perdió la mayoría política y vio amenazado de muerte su poder. Cuando decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar armados con sus teléfonos celulares, el régimen enlistó a la prensa como el “enemigo” por destruir, desatando una represión violenta e indiscriminada contra ciudadanos y periodistas para impedir el hermanamiento espontáneo entre libertad de prensa y libertad de expresión.
Después del retorno al poder de Daniel Ortega en el 2007, el destape de Extorsión en Tola en Esta Semana, el primer gran caso de corrupción del gobierno de Ortega, generó un virulento ataque oficial en contra de Confidencial. Un año después, la Fiscalía comenzó una investigación criminal en mi contra, extendida a los miembros del Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), bajo la acusación de “lavado de dinero”.
El 11 de octubre del 2008, la policía y la fiscalía allanaron por la fuerza las oficinas de Cinco, pero tanto el fiscal Douglas Vargas como la comisionada Glenda Zavala, funcionarios de una dictadura aún en ciernes, respetaron el principio de legalidad y se abstuvieron de intervenir las empresas de los medios de comunicación Confidencial y Esta Semana, que se encontraban en el mismo edificio.
Diez años después, bajo una dictadura consolidada, cuando la policía allanó por segunda vez el edificio en que se encuentra Confidencial, ocupó nuestra redacción sin ninguna orden judicial. Irónicamente, la justificación oficial que adujo para cerrar un medio independiente fue que el Ministerio de Gobernación le había ordenado clausurar la oenegé (Cinco), pero lo que en realidad hizo fue ocupar las empresas Invermedia y Promedia —productoras de Confidencial y Esta Semana—, que no tenían ninguna vinculación institucional con Cinco, cuyas oficinas incluso se encontraban en otro domicilio.
A pesar de la persecución y la censura televisiva, Confidencial se reinventó en el exilio, y a finales del 2019 retornamos a Nicaragua para recuperar nuestros derechos constitucionales. No obstante, el 20 de mayo del 2021 la policía cerró por segunda vez la nueva redacción de Confidencial, y aumentó la represión que desembocó en el encarcelamiento de unos 40 líderes políticos y cívicos de la oposición democrática, para eliminar la competencia política en las elecciones del 7 de noviembre.
Nuevamente, para justificar la criminalización del ejercicio del periodismo, la fiscalía del régimen inventó una supuesta asociación entre Confidencial con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), investigada por presunción de lavado de dinero en un proceso incoado para inhibir la candidatura presidencial de su expresidenta, mi hermana Cristiana Chamorro Barrios.
Sin aportar ninguna prueba, la policía afirma que Confidencial, el medio de comunicación asaltado, que en el 2018 alegaban era propiedad de Cinco, ahora pertenece a la perseguida FVBCh, y, con lujo de cinismo, la fiscalía me acusa de delitos penales, ordena mi captura y me señala como vicepresidente de una fundación a cuya directiva renuncié en enero del 2013, y que nunca ha brindado algún financiamiento a Confidencial.
En realidad, lo que el régimen persigue es el periodismo de Confidencial, que investiga y denuncia la corrupción, el abuso de poder y las graves violaciones a los derechos humanos que desembocaron en crímenes de lesa humanidad. Ese es el periodismo que en la jerga orwelliana de las leyes represivas de Ortega y Murillo —la de ciberdelitos y defensa de la soberanía— pretenden descalificar como “golpismo” y “desestabilización”.
Nunca en la historia de Nicaragua la prensa había estado más desprotegida ante las fabricaciones del poder autoritario. No existe, por lo tanto, otro medio de protección para la prensa que hacer más y mejor periodismo. Un periodismo de resistencia, que obligatoriamente debe ser también periodismo de calidad, porque lo único que nos defiende del totalitarismo y la calumnia oficiales es nuestra credibilidad profesional y la confianza que las audiencias han depositado en nuestro trabajo, desde que sembramos la primera semilla en 1996.
Gracias a los periodistas que han hecho posible estos primeros 25 años de Confidencial y a las audiencias que nos brindan su confianza. Aquí estamos, otra vez en el exilio, desde Costa Rica, haciendo periodismo con la convicción de que la prensa independiente sobrevivirá a la embestida de la tiranía, para contar la gran historia pendiente de la salida del poder de la última dictadura, hasta que Nicaragua vuelva a ser República.
carlosf.chamorro@confidencial.com.ni
El autor es periodista nicaragüense.