EscucharBOSTON – Desde hace un tiempo, el menosprecio de la industria del tabaco por las vidas de la gente, el derecho internacional y la soberanía nacional está en el candelero. Investigaciones realizadas por entidades de la talla de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el diario Guardian revelaron pruebas innegables de lo que la comunidad de la salud pública sabe hace décadas: que las grandes tabacaleras, en su búsqueda incesante de ganancias, hacen todo lo posible por subvertir, bloquear y debilitar los mecanismos de protección de la salud pública.
Como muestran las investigaciones, corporaciones como Philip Morris International (PMI) y British American Tobacco (BAT) apelan constantemente a tácticas encubiertas, hostigamiento declarado y actividades ilícitas para impedir avances en el contexto del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), instituido en el 2003. Ahora, la SFO, una oficina del Reino Unido a cargo de la investigación de fraudes complejos, confirmó que investiga a la BAT en relación con una conspiración de sobornos en África central y oriental.
Es un comienzo. Pero dado el conflicto básico que hay entre los intereses de la industria del tabaco y los objetivos de salud pública, los profesionales de la salud y los gobiernos de todo el mundo deben hacer más por impedir que las grandes tabacaleras interfieran con la política oficial; en la práctica, esto supone alzar una barrera infranqueable, en los niveles nacional e internacional, que impida a la industria influir en la definición de políticas para el sector.
Esta idea está expresada en el artículo 5.3 de la CMCT. Su necesidad quedó de manifiesto por documentos internos de la industria del tabaco, publicados según el acuerdo maestro que en 1998 firmaron en Estados Unidos las cuatro tabacaleras estadounidenses más grandes y las fiscalías de 46 de los estados. Esos documentos revelaron, por ejemplo, que Philip Morris Companies (en aquel tiempo casa matriz de PMI) veía a la OMS como una amenaza y buscaba “contramedidas” para su “contención/neutralización/reorientación”.
Investigaciones recientes muestran que PMI procuró influir en las reuniones mundiales para los tratados sobre el tabaco, cortejando a delegados y llenando las delegaciones de ministros de comercio favorables a la industria. BAT, por su parte, apuntó a las legislaturas nacionales y sobornó a funcionarios en partes de África oriental para obstaculizar o subvertir políticas públicas y abrirse un mercado a la fuerza mediante la conversión de otra generación de africanos adictos a su producto.
Todo esto demoró el avance en la implementación mundial de mecanismos de protección de la salud pública que salvan vidas (aunque no consiguió detenerlo). Numerosos gobiernos ya comenzaron a implementar medidas según las cláusulas del convenio internacional sobre conflictos de intereses. Por ejemplo, Noruega redujo en más de $2.000 millones de dólares la inversión en la industria del tabaco. La Unión Europea puso fin al polémico acuerdo de combate al comercio ilícito que tenía con PMI. Y Filipinas prohibió a los funcionarios públicos interactuar con la industria del tabaco a menos que sea absolutamente necesario.
Con estas medidas, los gobiernos priorizan la salud pública por sobre las ganancias de la industria. Impedir que las grandes tabacaleras influyan en las discusiones les facilitará la implementación de medidas para reducir las tasas de tabaquismo, ya se trate de políticas comprobadas, como prohibir la publicidad de cigarrillos u otras nuevas como eliminar las marcas de los paquetes. Sumadas, estas acciones están salvando millones de vidas.
Es urgente que más países implementen políticas similares. Y para ello, deben emplear procesos y políticas en línea con el artículo 5.3 que impidan a la industria subvertir las iniciativas públicas de reducción de las tasas de tabaquismo y mejora de la salud pública.
Pero las grandes tabacaleras no son la única industria que trata de menoscabar el bien público en aras de sus propios intereses. Por eso es necesario elaborar marcos legales internacionales, como el CMCT, aplicables a otras industrias que usan los mismos métodos de las tabacaleras para debilitar leyes sanitarias y normas ambientales que afectan sus actividades.
La buena noticia es que el uso de esas tácticas (no solo por parte de las tabacaleras, sino de otras industrias de poder similar) ya no pasa inadvertido. Por ejemplo, un tema central de la última reunión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue la interferencia de la industria de los combustibles fósiles en las conversaciones.
Se multiplican los llamados a impedir que industrias poderosas, como la petrolera, la farmacéutica y la alimentaria, socaven, diluyan o demoren políticas razonables que buscan promover el interés público.
La reciente investigación de la SFO y las denuncias de los medios deben servir para reforzar este cambio e incentivar a los gobiernos a controlar mejor los conflictos de intereses (en relación con el tabaco y otros temas) a escalas internacional y nacional.
Hoy hay corporaciones poderosas (desde las industrias tabacalera y farmacéutica a otras involucradas en la privatización del agua y el cambio climático) decididas a obtener ganancias a costa de las vidas de la gente y del medioambiente, que menosprecian los procesos democráticos y (como ahora sabemos) no escatimarán esfuerzos para desvirtuar cualquier proceso que pueda interferir con sus negocios. El único modo de impedírselo es tenerlas lejos de los funcionarios. Las herramientas ya existen, solo hace falta usarlas.
Kelle Louaillier es presidenta de Corporate Accountability International. © Project Syndicate 1995–2017
