Hace 15 años, mis padres y tíos conversaban sobre la preocupante situación laboral: “Las empresas no quieren contratar a nadie de 50 a 60 años, ¿de qué vamos a vivir en unos años?”.

Ha pasado el tiempo y la conversación se mantiene porque el problema persiste. Sin embargo, la edad límite para ser contratado se redujo, a pesar de los esfuerzos del gobierno para que las empresas contraten a gente mayor. Hay un grupo etario rechazado, del cual las estadísticas parecen haberse olvidado: los de mediana edad.

Fui despedido tras 12 años y 8 meses de trabajar para la misma empresa. Cuando concurso, me dicen que solo contratan personas de máximo 25 años. Con 34 años, vivo el problema que los adultos mayores de 55 a 60 años experimentaban hace más de una década.

Entretanto, hay muchos alargando el dinero y aceptando lo innegable: para el mercado laboral actual, ya no valemos el esfuerzo de una contratación. Ya no somos aptos.

Marco Vinicio Vega Chaves, San José

Cara factura

Mi esposo llevó el auto a Automotores Superiores, en La Uruca, debido a una luz que se encendía en el panel de control. Lo tuvieron una semana y no encontraron el daño, solo nos indicaban posibles causas. Con tantas cosas que le pusieron, la factura llegó a ¢1,5 millones y el problema no desapareció.

Victoria Gamboa Arias, San Pablo de Heredia

Lenta respuesta

El Banco Popular y el Banco de Costa Rica ofrecen atender al público mediante WhatsApp, pero, lamentablemente, tardan mucho en responder. Envié un mensaje y me contestaron como a las dos horas. Envié otro y recibi una respuesta cuatro horas después, cuando ya había olvidado qué asunto estaba tratando. Eso no solo ocurre en esas instituciones.

Luis F. Bermúdez Esquivel, Alajuelita

Problema de telefonía

Coincido con Roberto Sossa Sandí, quien en días anteriores publicó una queja sobre la desidia del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para solucionar un problema en la línea telefónica residencial. Tengo el mismo problema. Llevo ya varias semanas sin servicio, pues fue reportado el 22 de noviembre.

Supuestamente, el plazo para solucionar es de tres días. He llamado muchas veces al 1119 y siempre me dan la misma excusa e, incluso, me han cortado la llamada.

Cuando se habla de privatizar el ICE, sindicatos y todo el personal se van a la calle a protestar, naturalmente, para mantener sus gollerías y descarados privilegios. Qué lamentable vivir en un país donde mediante la burocracia se hace lo que a bien tienen los empleados y no pasa nada. ¿Seremos un país domesticado donde nadie se queja?

José Quirós Cartín, Tibás

Dinero de la JPS

La Junta es financiada por el esfuerzo de miles de ciudadanos de todos los estratos sociales, quienes compramos lotería con la esperanza de un premio que difícilmente llega; sin embargo, a seis funcionarios el premio al parecer les llega mes tras mes. Ese dinero debería ir a las instituciones de bien social.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Solidaridad parcial

Los pensionados denominados de “lujo” —y solo ellos— por recibir un beneficio económico más allá de lo “justo y razonable” fueron gravados con un impuesto disfrazado de “solidaridad social”. Entonces, bajo ese concepto de solidaridad, que debe regir por igual para todos, ¿no deberían también los asalariados públicos y privados contribuir de igual forma que lo hacen los pensionados? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los salarios de gerentes y directivos de bancos y de otras instituciones, quienes reciben muchos millones de colones mensuales? ¿No deben contribuir en aras de una prosperidad común? ¿Los salarios de los diputados no deberían ser gravados al igual que las pensiones porque se trata de ingresos exagerados, injustos y desproporcionados?

Las personas físicas y jurídicas dedicadas al comercio o al ejercicio libre de profesiones, ¿deben quedar exentas de solidarizarse con los que menos tienen?

Está claro que este concepto de solidaridad es de carácter parcial y exclusivo para un sector y la clase social emergente y “privilegiada” son todos aquellos no jubilados que, como tales, no contribuyen con el resto de la sociedad.

Jorge Marchena Rosabal, Curridabat