20 octubre

Por la calle del costado sur del colegio de Sión, pasan automóviles y motocicletas a gran velocidad. Preocupados, enviamos un escrito en julio a la Municipalidad de Moravia en el cual solicitamos construir reductores de velocidad, ya que la situación representa un peligro para los estudiantes y vecinos en general. Dirigieron la carta a la dirección de la Unidad Técnica de Gestión Vial y no ha habido respuesta. ¿Tenemos que esperar a que suceda una tragedia para que actúen?

Miguel Francisco Romero Monge, Moravia

Apoya carta

Respaldo fehacientemente la carta de Patricia Chaves Castro, titulada “Aceras peligrosas”, del 15 de octubre. No entiendo por qué la Municipalidad de Moravia no pone en práctica la ley que existe al respecto.

Hace unas semanas vi a una persona mayor tropezar con un tramo donde no hay acera. Las madres y las abuelas como yo debemos tomar la calle cuando andamos niños en coche porque no hay otra opción.

Floribeth Alfaro Rojas, Moravia

Recompensa social

Dice la decana de la Facultad de Ciencias Sociales que la Universidad de Costa Rica le ha aportado mucho al país; tal afirmación no admite discusión. Sin embargo, según sus declaraciones, parece justificar la toma de la Facultad por parte de los estudiantes y que las universidades gasten los recursos del FEES sin rendir cuentas ni someterse a la regla fiscal.

Ni la Universidad de Costa Rica ni la Universidad Nacional ni el Instituto Tecnológico de Costa Rica son países independientes y, por lo tanto, su aporte a la sociedad debe ser, por obligación, devuelto a los costarricenses por su esfuerzo, no se trata de generosidad de su parte. Los futuros estudiantes de Ciencias Políticas que tomaron el edificio se están preparando para ser los siguientes políticos y sindicalistas.

Douglas Romero Alvarado, Vásquez de Coronado

Cambio de precio

A finales de agosto, compré en la farmacia La Bomba de San Antonio de Coronado un medicamento por ¢9.121 y me dijeron que me daban uno extra por comprar dos. Cuando fui por la oferta, el medicamento costaba ¢18.000 y mencionaron que me obsequiarían otro.

Quisiera saber quién regula estos precios y por qué hay tanto enredo.

No me quedó más que dar las gracias y buscar otro medicamento parecido en otro local.

Carlos Picado Araya, San José

Diésel derramado

Recibí una deficiente atención en la gasolinera G24 en Guachipelín, ubicada diagonal al centro comercial Distrito Cuatro. Quien me atendió, en vez de darle la vuelta al carro con la manguera, la jaló fuertemente por debajo, lo cual ocasionó que, mientras se llenaba el tanque, la manguera se desprendiera del cabezal y saliera disparando un chorro de diésel. El carro quedó chorreado de combustible.

Ni me pidieron disculpas por el incidente ni me quisieron descontar el diésel que se regó. Es la segunda vez que tengo una mala experiencia en ese lugar.

Julián Peláez Echavarría, San José

Mes de los mayores

Estamos en el mes del adulto mayor. Somos más de 300.000. Trabajamos muchos años, cometimos errores, formamos familias, vimos pasar muchos cambios políticos y sociales. Vimos llegar los hijos y, en un abrir y cerrar de ojos, llegaron los nietos, las canas y la jubilación, y, con ella, la pregunta: ¿qué hago?

Por dicha, existen muchas organizaciones como la Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco), el Programa Integral de Adulto Mayor de la UCR (PIAM), la UNED, las municipalidades y el apoyo recreativo y de aprendizaje manual e intelectual. Algunos comercios cooperan con descuentos. Contamos con la atención especializada del hospital Blanco Cervantes.

En este mes, debería haber eventos generacionales entre estudiantes y adultos mayores. También considero útil fundar un instituto del adulto mayor para promover políticas en todo el territorio nacional.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

'Alma mater’ en riesgo

Esa, que permite la movilización de sectores vulnerables de todas partes del país y desarrolla investigación científica a favor de la sociedad y el planeta. Esa, indispensable y crítica, que ha creado profesionales de prestigio, incluidas las personas que ahora intentan destruirla. Esa está siendo atacada por el egoísmo, por el afán de reconocimiento y la ambición de quienes toman las decisiones en el país y buscan inculpar a las universidades del déficit ocasionado por los mismos que ignoran sus obligaciones.

La reducción del presupuesto imposibilita a las instituciones universitarias de ser lo que son: públicas. Ocasiona que año tras año la admisión sea inaccesible, se asignen menos becas y se cierren tanto cursos como carreras y sedes.

La educación superior está siendo violentada desde su núcleo: la Constitución; y con intenciones perversas que solo buscan frenar la población estudiantil, pero esta no permitirá que callen quienes tienen derecho a hablar.

Ariana Quesada Gamboa, Alajuela