EscucharEntre el parque Francia y el edificio URBN, en barrio Escalante, los residentes no tenemos el derecho sagrado al descanso. Esos vecindarios se han vuelto inhabitables y cada vez más vemos presente el fenómeno de gentrificación. El viernes hubo fiesta, en una sección abierta del edificio, hasta la madrugada. Puedo casi relatar conversaciones de los asistentes.
Las autoridades municipales solo se ocupan de cobrar impuestos y dar permisos a diestra y siniestra, sin importarles el bienestar de los habitantes y las serias consecuencias en cuanto a seguridad ciudadana y a la salud mental. Mientras quienes firman permisos y hacen edificios vivan lejos de aquí, no hay problema.
Eugenia Soto Suárez, San José
Regular motos
La mayoría estamos de acuerdo con regular el manejo de motocicletas. Son cientos los fallecidos por la imprudencia de algunos motociclistas. Debe colocarse el número de placa en el casco y en el chaleco, no en la tira desgastada.
También precisa restringir a una sola persona la cantidad de pasajeros. Lo anterior ayudaría a disminuir la siniestralidad. Siempre habrá gente en contra, pero la seguridad de la población debe estar por encima de la comodidad de otros.
Jorge Bernal Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos
Acertada opinión
Me pareció muy acertada la opinión de la diputada María Inés Solís Quirós, publicada en La Nación el 21 de setiembre, en “Foro”, donde indicó que la huelga, sin duda, es un derecho de los costarricenses y está amparada a los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, agregó que muchos países suspenden los salarios a los trabajadores en huelga y los sindicatos los cubren mediante la cuota deducida mensualmente. También menciona que muchos de los millones recibidos por los sindicatos de nuestro país se utilizan para otros gastos.
Ojalá el artículo sirva de mucho para el gobierno y los sindicalistas. Aunque el derecho a manifestarse esté incluido en el Código de Trabajo y la Constitución, nos están arrastrando algunos dirigentes que incluso amenazan con paralizar el país.
Felicito a la diputada y espero que muchos de sus compañeros la apoyen para salir de esta nefasta crisis en la cual niños y jóvenes pierden clases y alimentación, y otros perdemos citas de la CCSS. Las protestas deben ser bien planificadas y no obedecer al antojo de algunos.
Oldemar Arias Salazar, Santo Domingo de Heredia
Liberar taxis
Toda persona tiene la potestad de dedicarse a una actividad comercial, solo debe respetar la reglamentación respectiva de nuestras instituciones. Por ejemplo, bajo su propio riesgo, es posible abrir un negocio enfrente o contiguo a otro donde se brinde el mismo servicio. Es parte de la sana competencia, y, si fracasa, no debe presentarse a la municipalidad o al Gobierno Central a reclamar una indemnización.
Esta dinámica comercial no sucede en el negocio de los taxis porque los legisladores decidieron interferir en el mercado, lo cual derivó en una cadena de negocios y favores al poder político.
Debido al desacierto que ampara a los concesionarios de taxi, el resto de la población vemos limitado el derecho a transitar libremente porque, un día sí y otro también, el gremio decide bloquear carreteras.
No podemos seguir dependiendo del humor de la dirigencia de los taxistas. ¿Es posible liberar el servicio como cualquier otra actividad comercial?
Carlos Jesús Villegas Guevara, Guanacaste
Lentitud judicial
Se quedó corto el editoralista de La Nación al mencionar la lentitud judicial en casos de importancia para el país.
Por ejemplo, las medidas “provisionalísimas” de los juzgados contenciosos se pueden prorrogar más allá de cuatro años y la Administración Pública se vería inhibida de contratar mientras este estado se mantenga e interesados en licitar se verán imposibilitados de hacerlo.
Igual será para quienes vemos nuestro futuro personal y profesional depender de una resolución de la Sala Constitucional o del contencioso sobre cobros abusivos y confiscatorios de la Caja.
Pareciera que a algunos magistrados les importan más sus pensiones y odiosos privilegios. Cuando de eso se trata, los ciudadanos vemos con asombro celeridad y eficiencia.
Humberto Moya Mórux, Alajuela
Posición errónea
Costa Rica, en ejercicio de la libérrima voluntad de su gobierno, decidió ser insolidaria con Colombia al abstenerse de votar en la Organización de Estados Americanos (OEA) la aprobación de la aplicación del TIAR, ante la actitud abiertamente hostil del régimen tiránico de Nicolás Maduro, el cual patrocina la subversión guerrillera de las FARC y al Ejército de Liberación Nacional, conspiradores públicos contra la democracia colombiana.
El despliegue militar venezolano no ha debido contar con el respaldo costarricense, pero fue así, bajo el argumento de que en ese conflicto no haya uso de las armas, o que solo sea permitido el ejercido por la dictadura chavista.
El gobierno de Alvarado no debe olvidar que Venezuela y Nicaragua se alimentan del comunismo imperante por más de medio siglo en Cuba.
Camilo Cifuentes Correa, San José
