20 marzo

Soy uno más de los muchos trabajadores del Hospital San Rafael de Alajuela que desde hace dos semanas enfrentamos, sin tregua, el ataque de la covid-19. Este viernes nos encontrábamos en el salón de Medicina para Hombres, donde atendemos a los contagiados. Algunos muy cansados. Todos asustados.

Repentinamente, nos llegó un obsequio. Una reconocida empresa que comercializa café nos envió varios picheles de la bebida, caliente, junto con vasos desechables donde escribieron a mano mensajes de apoyo.

Fueron 15 o 20 minutos de alegría, camaradería, chistes y reposo. Las risas también nos provocaron lágrimas. No tienen idea el efecto causado. Hace pocos días, un restaurante local hizo lo mismo con los compañeros de Emergencias.

Eso necesitamos, el apoyo de quienes sin conocernos reconocen nuestro trabajo y nuestra fatiga. Varios compañeros han enfermado en la batalla. Otros caeremos más adelante.

Las muestras de cariño de los costarricenses nos ayudan a no desfallecer cuando las fuerzas se agotan. Gracias, Costa Rica. Gracias a Dios. Nosotros estamos en el frente. Ustedes y sus oraciones son nuestra retaguardia.

Roberto Guzmán Ovares, médico cardiólogo

Cumplir obligaciones

Para atender la crisis de la covid-19, un proyecto de ley propone autorizar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) condonar multas de las deudas a los patronos morosos, si estos pagan o se acogen a arreglos de pago.

Sin embargo, la otra parte del proyecto pasa inadvertida y, como un caballo de Troya, busca condonar no solo intereses y multas, sino también el principal, a patronos morosos con el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Banco Popular.

De un plumazo, el Estado renunciará a cobrar las obligaciones de ley que algunos patronos incumplieron durante muchos años. En los casos de Fodesaf y el IMAS, se trata de dinero que ordena la ley para atender necesidades de los sectores en pobreza y vulnerabilidad. Ahora que una crisis de increíbles costos humanos muestra el valor incalculable de la seguridad social, los entes oficiales quieren beneficiar a quienes no han sido solidarios y no han cumplido sus obligaciones con la seguridad social. Cuando se acumulaban las deudas, no existía el covid-19.

Jorge Herrera Fernández, Alajuela

Estado solidario

Es excelente el artículo publicado en “Página quince” el 20 de marzo, titulado “Si hay patadas, hay pa’ todos”. Felicitaciones. El Estado debe ser solidario y aplicar los rebajos salariales a los empleados públicos, al igual que los ha autorizado para el sector privado, que es el más perjudicado hasta el momento.

Al fin y al cabo, el Estado es el empresario que paga los salarios y, debido a los enormes gastos hechos para preservar la salud de los ciudadanos, podría tomar los recursos para amortiguar las pérdidas. De no hacerlo, una injusticia como esa situaría al gobierno al lado de políticas como las de Trump, sin cuantificar que el perjuicio es solo para un sector muy sufrido de la economía.

Funcionarios como los de Aresep, ICE, IMAS, Recope, INS, MEP, ICT y tantos más pueden irse a la casa —no a la playa— con un salario del 50 % o menos y aprovechar que, si sus puestos no son necesarios, no vuelvan al trabajo. Otros deberían ser los beneficiarios de pensiones de lujo. Solidaridad es la palabra. Aprendan del ministro de Salud.

Fernando Moya Mórux, Montes de Oca

Tope al interés

Un par de bancos privados anunciaron la suspensión del cobro de las cuotas de las tarjetas de crédito personales y otros préstamos durante dos meses. Es insuficiente. Seamos realistas, la crisis sanitaria va a durar más de dos meses y la crisis económica, mucho más. Es tiempo de que el gobierno y los diputados fijen un tope a las tasas de interés exorbitantes, hasta de un 30 %, un 40 % o un 50 % a las tarjetas de crédito, que ahogan a numerosos hogares. Si es una inmoralidad en tiempos normales, peor en los críticos. Es momento, también, de pensar en la instauración de un subsidio por desempleo en un país donde la inestabilidad laboral es grande y, más aún, el trabajo informal. Es tiempo de completar las reformas sociales y laborales iniciadas hace más de 60 años.

Philippe Bloton Grall, Esparza

Mora municipal

No veo manifestarse a la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes (ANAI) ni a la Unión Nacional de Gobiernos Locales con respecto a la presentación de un proyecto de ley donde se exonere del pago del segundo trimestre de bienes inmuebles y una reducción del impuesto sobre las patentes. Como dicen los columnistas de “Página quince”, “si hay patadas, hay pa’ todos”.

Desiderio Solano Moya, Belén

Trámite innecesario

La portada de La Nación de ayer dice “Quedate en casa”. Por su parte, la Asamblea acaba de aprobar una ley para que toda empresa tenga la posibilidad de reducir la jornada laboral en un 50 %. Es necesario que todo propietario recurra a un abogado para autenticar la medida. Eso no es más que tramitomanía por nada.

Edwin Pratt Seymour, Alajuela

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