7 abril

Fui al Ebáis del centro de Alajuela a actualizar mis datos cuando la campaña de vacunación contra la covid-19 dio inicio. Tengo 74 años. Como no me llamaron, volví al centro médico para preguntar la razón. Una persona, en la puerta, muy grosera, dijo que ya me llamarían, que debía esperar. Traté de ir a la oficina correspondiente a cerciorarme de que no hubiera error en mis datos y casi no me deja pasar.

Si la política de salud es vacunar a los adultos mayores, en este Ebáis no se está cumpliendo, al menos conmigo. Llamé a la Contraloría de Servicios de Alajuela y me explicaron que están vacunando a los mayores de 76, eso no es cierto porque conozco personas de esa edad o más que no han sido citadas. La espera produce una ansiedad muy grande. Espero que pronto nos vacunen.

Nora María Lizano Castillo, Alajuela

Opinión desafortunada

Pretender que todos los fondos de las instituciones públicas sean depositados en una cuenta común del gobierno, que la Contraloría General de la República llama cuenta única del Tesoro, cuando ya conocemos los grandes riesgos de que Hacienda o el Poder Ejecutivo en general tengan acceso a ellos me parece desafortunado e inconstitucional.

También lo es cuestionar que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sea el responsable nacional de la producción, trasmisión y distribución eléctrica. Basta con una simple lectura de la ley constitutiva, promulgada por decreto el 8 de abril de 1949, porque fue durante la Junta de Gobierno.

En cuanto a las definiciones constitucionales y legales, son muy claras las funciones, como eficiente y eficazmente lo ha hecho a lo largo de su historia, labor reconocida internacionalmente por bancos y agencias de desarrollo, compartiendo funciones y responsabilidades, como siempre lo reconoció Jorge Manuel Dengo, con las empresas municipales, cooperativas y generadores privados.

Leonel Fonseca Cubillo, Pavas

Cobro doble

Me cobraron la cuota el 1.° y el 4 de abril. Me di cuenta por casualidad. El problema es recuperar el dinero. Atienden desde un centro de llamadas sin acceso a la información.

Pedí hablar con un ejecutivo de cobros o de contabilidad, y me respondió otra persona que tampoco dio solución. Es decir, Tigo no tiene registro de su error y yo debo enviar información para comprobar el doble débito. El círculo del eterno retorno. Si el error fue de ellos, cómo es que no tienen forma de arreglarlo.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Juego peligroso

Apuntar con un láser a una aeronave resulta tremendamente peligroso. La tripulación podría quedar ciega por unos segundos y perder la orientación. Cientos de vidas estarían en riesgo por un hecho infantil e irresponsable.

En Estados Unidos, está penado hasta con cinco años de cárcel y con multas de $250.000. Por el momento, el Código Penal costarricense establece, de manera general, penas de dos a seis años al que ejecute un acto que ponga en peligro la seguridad de una aeronave.

Si el hecho causara un desastre aéreo, la pena aumenta a seis o doce años. De haber lesionados, se castiga hasta con quince años, y si alguien muere, son dieciocho años.

La Dirección General de Aviación Civil debiera concientizar, alertar y trabajar junto con el Organismo de Investigación Judicial sobre estos peligros.

Franco Mainieri Murillo, San José

Plataforma del BP

No entiendo. Existe una intensa campaña para efectuar los trámites financieros utilizando los canales virtuales de las instituciones; sin embargo, ni el mes pasado ni este he logrado cancelar el seguro social por medio de la plataforma virtual del Banco Popular.

Al consultar en la oficina de servicio al cliente responden que el convenio está suspendido. Solicito a quien corresponda solucionar esta situación con la brevedad posible.

Alexáncher Chaves Solórzano, Heredia

Bloqueo a medias

El sistema de bloqueo de la señal celular en las cárceles causó serios inconvenientes, primeramente, con los oficiales penitenciarios. Recientemente, fui a visitar el condominio Campo Real, en Alajuela, al oeste de La Reforma, y un residente me envió su ubicación mediante el sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) del celular, pero la recibí con errores de precisión de varios kilómetros. Aun así, las estafas telefónicas no han aminorado.

¿Por qué las operadoras telefónicas no exigen el cumplimiento del contrato, el cobro de multas o la rescisión? ¿Por qué no interviene el Ministerio de Justicia y Paz para asegurar que el sistema se apegue a lo que la ley dicta?

Andrey Espinoza Rivera, San José