11 noviembre

Fui al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para presentar un proyecto de ganadería de engorde y solicitar financiamiento con garantía fiduciaria. Después de casi cuatro meses de análisis y de esperar reuniones del comité regional de Cartago, aprobaron el proyecto, por lo cual me convertí en sujeto de crédito.

Cuando mi caso fue enviado a las oficinas centrales, un tecnicismo en el reglamento volvió mi solicitud inviable. Acudí a la presidencia ejecutiva para saber la causa, y es que estoy sin trabajo. He enviado cartas y correos electrónicos y mi petición no es atendida, a pesar de haber sido aprobada por el comité regional de Cartago.

Comprendí que fondos como el de Banca para el Desarrollo y el crédito del Inder son, en realidad, un espejismo para los emprendedores. Funcionan como un banco más, no son para quienes hemos tomado los riesgos de una actividad propia, que, en mi caso, la desarrollo muy lentamente por no tener acceso a líneas de crédito, pero es rentable según el estudio de factibilidad. Solicito reconsiderar mi caso.

Juan Carlos Mora Molina, San José

Caso similar

El 10 de noviembre leí en este espacio la queja de David Salazar Marín sobre un cobro por una tarjeta de crédito de Scotiabank. Me llamó la atención porque me pasó lo mismo. Pagué por algo que no usé y devolví la tarjeta. Por vía telefónica, me indicaron que la eliminarían. Luego de unas semanas, la plataforma web no registraba el producto. Eso fue hace más de un año. Sin embargo, hace un mes me llamaron para cobrarme $239: otra vez por algo que no he usado.

Cuando hablé con ellos, “escalaron” mi caso. Lo más frustrante es que esta vez no me dieron número de trámite. Aún estoy esperando una solución.

Marvin Solano Aguilar, Montes de Oca

También me pasó

Mi caso es igual al expuesto por David Salazar en su carta “Cobro de anualidad”. En el 2011, Scotiabank me financió la compra de un auto. Me dieron una tarjeta de crédito que nunca he usado y cada vez que me cobraban la anualidad, yo reclamaba y regresaban el monto. Al igual que Salazar, solicité anular la tarjeta y nunca lo conseguí. Ahora resulta que ya terminé de pagar la deuda y me cobraron $75, los cuales, según ellos, no se pueden reembolsar. No quiero la tarjeta, pero ahora no puedo anularla porque hay un cobro.

Rafael Abarca Méndez, Sabana

Problema moral

El desempleo no solo debe analizarse desde un enfoque económico y político, sino también moral, pues atenta contra los derechos humanos, la esperanza, la estabilidad emocional y la credibilidad en el Estado. Además, predispone a los ciudadanos a trastornos psicológicos graves y hasta a la delincuencia.

A nuestra juventud se le ha ofrecido salud y educación para que contribuya al desarrollo del país. Esta esperanza se puede ver truncada por dos motivos: no encontrar empleo o perderlo. Si se pierde porque los políticos deciden empequeñecer una institución sin pensar en facilitar la reinserción laboral, están traicionando la esperanza de una generación que confió en el esfuerzo de estudiar durante, por lo menos, 15 años.

Existen varios ejemplos de instituciones cómplices del desempleo que tiene a nuestros profesionales vagando por las calles, teniendo como fiel acompañante la desesperanza, madre de la depresión y el suicidio.

Freddy Ulate Mora, San José

Más rigurosidad

Luego de leer el reportaje titulado “Presunto asesino de expareja se acogió a beneficio carcelario en mayo” (La Nación, 3/11/2019), considero que se trata de una muestra de que las recomendaciones del Instituto Nacional de Criminología del Ministerio de Justicia se hacen para cumplir un requisito, y el juez de la pena no se percató de la gravedad de que se trataba de un hombre que llegó a la cárcel porque dirigía un cartel de distribución de droga en Barva de Heredia. Este tipo de individuos causan mucho daño, dolor y llanto en las familias y en la sociedad, razón suficiente para no hacerlos acreedores de beneficio carcelario alguno.

Se necesitan personas más comprometidas con la sociedad haciendo estos estudios y cumpliendo la normativa atinente a los beneficios, que entiendan que quienes están en la cárcel han cometido crímenes contra la sociedad y, por tanto, deben necesariamente cumplir la sanción impuesta. Si no se reforman, cuando menos se contienen de estar haciendo daño por un periodo razonable.

Freddy Coto Varela, Cartago