EscucharEl martes 21 de setiembre acudí con mi hermana a la clínica Carlos Durán, en Zapote, porque ella iba con un dolor en el pecho que le bajaba hasta el brazo y le costaba respirar. Sin embargo, en la clínica le negaron la atención porque no tenía el seguro al día. Le indicaron que primero debía pagar ¢26.000 que debía y que, con el recibo en mano, la atendían.
La verdad me parece increíble esta situación, que les interesa más el dinero que la vida de una persona. Pero en las conferencias de prensa, las autoridades de Salud hasta invitan a los extranjeros para que vengan a vacunar ahí, sin importar si tienen seguro o no. Y si recuerdo bien, en una ocasión dijeron que cualquier persona, nacional o extranjera, tiene derecho a recibir atención médica, ya sea para una vacuna o porque está enfermo. En la práctica no es así.
No tengo nada en contra de los extranjeros, pero me parece increíble que una persona venga a mi país a recibir atención médica y los nacionales, que contribuimos con nuestros impuestos, nos niegan la atención. Algo está mal, todos tenemos derecho a la atención médica.
Carolina Chavarría Solís
San Sebastián, San José
Ayuda de hospitales privados
La CCSS ha dado un paso importante al trasladar a un paciente del hospital Maximiliano Peralta, en Cartago, al hospital privado La Católica, con base en el mecanismo autorizado por el Ministerio de Salud. Este adulto mayor, vecino de Ochomogo, superó la enfermedad de la covid-19 y se encuentra en recuperación.
Un caso diferente ocurrió con el paciente que no aceptó someterse a las pruebas y a la vacunación contra la covid-19 en el Hospital Calderón Guardia, y perdió la oportunidad de ser atendido por la seguridad social. Finalmente, fue ingresado por sus familiares al Hospital La Católica. Allí requirió cuidados especiales durante 22 días, con un costo total de ¢43,6 millones. La Sala IV rechazó el recurso y la posibilidad de que la CCSS asuma el costo de la factura.
A la luz de estas cifras, es lícito preguntar si la CCSS habrá negociado a tiempo el tarifario y descuentos que aplicará cada uno de estos hospitales privados, para que quede claro si el servicio será prestado como una contribución solidaria, y no con fines de lucro.
Silvia Gagneten Barbetta
Rohrmoser, San José
Difícil de entender
El excelente editorial del lunes me aclara lo ocurrido con espectro radioeléctrico, pero no dejo de estar confundida. No comprendo por qué el ICE, una institución dependiente jurídicamente del Estado costarricense, se toma atribuciones como si nos estuviera haciendo un favor y hace lo que le viene en gana. No da cuentas de su situación financiera y se niega a devolver lo que le prestaron, sin importar el perjuicio que le hace al país, y amenaza con cobrarnos por devolvernos lo nuestro. ¿En manos de quién está la otrora tacita de té con la que los ticos nos enorgullecíamos?
Marjorie González Gómez
Curridabat, San José
No a la impunidad
Como ciudadano y como médico forense, me causó extrañeza y gran preocupación la noticia titulada: ‘Muertes por licor adulterado con metanol quedarían sin castigo’, que publicó La Nación, el pasado 23 de agosto.
Según el artículo, hubo 210 intoxicados con metanol. De ellos fallecieron 95 y sobrevivieron 115. De estos últimos no se indicó en qué condición quedaron, si bien o con secuelas. Las cifras nos dicen que hubo un 45% de mortalidad. Una verdadera epidemia nacional.
Es evidente que el daño ocasionado es producto de la acción criminal, de alguien que fabricó ese alcohol industrial para ser consumido por humanos. Aunque también están los dueños de bares, quienes pensando solo en el dinero, no les importó intoxicar y hasta matar a personas.
La ingesta de 60 a 100 centímetros cúbicos (cc) de metanol puede causar la muerte y/o dejar severas secuelas, dependiendo de la prontitud y calidad de la atención médica.
Lo anterior debe ser objeto de investigación medicolegal, seguida de un castigo y una reparación económica por los daños causados. La Fiscalía General de la República y el Ministerio de Salud deben proceder con diligencia y sin pereza.
Recordemos lo que dijo aquél pensador francés: “La peor falta que comete una sociedad es la impunidad”.
Warner Rodríguez Camacho
Atenas, Alajuela
