La Contraloría tenía razón al pedir al Conavi la justificación del faltante para la firma fiscalizadora en la Circunvalación. Aprecio el interés del ente contralor, que por un ínfimo monto, sin importar las consecuencias, detuvo los trabajos, pero me pregunto dónde ha estado en los últimos 10 años, cuando el país ha debido pagar millones de dólares por cargos de las instituciones financieras internacionales debido a la no ejecución de recursos aprobados para obras de infraestructura. ¿No significan nada para la Contraloría?

Es cierto que el Conavi ha actuado irresponsablemente a lo largo de los años, pero ¿hasta ahora se dieron cuenta en la Contraloría?

Rafael A. Fallas Garbanzo, Cartago

Buen proceder

Apoyo a la Contraloría General de la República por paralizar obras que no cumplían los requisitos establecidos por normas y leyes. No apoyo la mediocridad y la incapacidad administrativa de algunos funcionarios; apoyo la institución, la mejor de la Administración Pública. No seamos cómplices del desastre administrativo del sector público.

Óscar M. Castro Solano, Alajuela

Faltante ínfimo

No entiendo por qué la Contraloría pudo paralizar un proyecto esperado durante cuarenta años por el ridículo faltante de ¢2,2 millones que el Consejo Nacional de Vialidad se comprometió a presupuestar. De repente, ¿algunos enloquecimos y queremos dañar más al país para echarle la culpa al Partido Acción Ciudadana?

Marjorie González Gómez, San José

Dura lex, sed lex

El derecho romano dejó para el mundo occidental un aforismo jurídico que dice: dura lex, sed lex (la ley es dura, pero es ley). Ese es, ni más ni menos, que un principio fundamental de los Estados de derecho, y Costa Rica lo es.

Sobre la Contraloría General de la República cayeron rayos y centellas, y anatemas y excomuniones, porque, cumpliendo con su deber, paró durante varios días la ejecución de una obra a causa de una infracción a la ley de contratación pública.

Leí en La Nación la nota titulada «Consejo Nacional de Vialidad completó la cifra de ¢2,2 millones faltantes», prueba irrefutable de que el ente fiscalizador tuvo razón en su determinación ajustada a la ley.

Si la ley en las democracias es el resultado del consenso y un elemento inventado por el hombre para conseguir la convivencia, cuando es justa debe ser acatada y todos los conflictos se resolverán a través de ella. Si no es justa, debe ser derogada.

No puede ser norma de conducta la creencia en que el fin justifica los medios. Es lo que practican dictadores como Maduro y Ortega para permanecer in aeternum en el poder.

Gracias a la gestión de la Contraloría, dirigida con mano maestra y rectitud inequívoca por Marta Acosta Zúñiga, Costa Rica no ha sucumbido a los errores garrafales y reiterados de gobernantes y legisladores.

Para pena y dolor de los habitantes de este país, la contralora dejó en claro que dentro de su plan de vida no está asumir una candidatura presidencial.

Camilo Cifuentes Correa, San José