Francisco Cubillo Mora. 14 noviembre

El Ministerio de Educación Pública (MEP) no está obligado a cerrar las escuelas y colegios si la huelga contra la reforma fiscal es declarada legal en el Tribunal de Trabajo, como erróneamente dice un audio compartido por WhatsApp, de forma masiva.

“Ellos saben que si se declara legal tienen que cerrar los centros educativos y tienen que sentarse a negociar, tienen que sentarse a negociar porque así lo obliga la Procesal Laboral”, asegura un hombre de identidad desconocida en la grabación.

El MEP desmintió esa afirmación y, por el contrario, indicó que el Ministerio está obligado a asegurar la continuidad de los servicios educativos.

"Lo afirmado en el audio es falso, el servicio educativo es un servicio público dirigido, sobre todo, a personas menores de edad y el Estado está en la obligación de darle continuidad a ese servicio y garantizar el derecho a la educación de los estudiantes”, dijo el MEP mediante un correo electrónico.

La huelga que mantienen los sindicatos del Magisterio Nacional desde el 10 de setiembre fue declarada ilegal el 9 de octubre por el Juzgado de Trabajo. Sin embargo, la resolución fue apelada y las partes se encuentran a la espera de que la segunda instancia resuelva.

Por su parte, la abogada laborista Paola Gutiérrez explicó a La Nación que los centros educativos se podrían cerrar solo si todos sus trabajadores están en huelga, ya que cerrarlos implicaría un atropello a los derechos de los funcionarios que no se unieron a la protesta o que ya la abandonaron.

La abogada también aclaró que es falso que el Gobierno esté legalmente obligado a negociar si la huelga se declara legal, ya que el artículo 708 de la Reforma Procesal Laboral menciona que se pueden dar arreglos o convenios para solucionar el conflicto, pero como una alternativa, no como una salida obligatoria.

“Durante la huelga declarada pueden realizarse arreglos o convenios tendientes a la solución del conflicto en forma directa, los cuales deben respetar el ordenamiento en la forma indicada en este título”, señala el apartado citado por Gutiérrez.

Mientras, el también jurista laboral Marco Durante coincidió con Paola Gutiérrez en que no es cierto que los centros educativos tengan que cerrar si la huelga es declarada legal. En su criterio, los alcances de la Reforma Procesal Laboral no pueden violentar derechos ya establecidos en la Constitución Política.

“En el caso de que declaren legal la huelga entrarían en directa contradicción con normas constitucionales que hablan de que la educación es un derecho fundamental y que el Poder Ejecutivo tiene que garantizar la continuidad de los servicios públicos. Una norma de estatura legal (la Procesal Laboral) no podría entrar en una contracción con dos normas constitucionales”, argumentó Durante.

Este medio también contactó a Roblin Apu, secretario general de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y a Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) para conocer su posición sobre el audio, pero ambos declinaron referirse al tema.

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