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Contrario a lo que afirman múltiples mensajes en redes sociales, la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial aún no ha definido de cuándo será la pensión de la fiscala Navas.
Circulan en redes sociales múltiples mensajes que afirman que Emilia Navas devengará una pensión mensual de ¢6,5 millones, así como prestaciones laborales por ¢120 millones, cuando deje el cargo de fiscala general de la República.
Se trata de especulaciones sin fundamento, pues la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial aún no ha definido el monto de la pensión que le corresponderá a Navas.
Tampoco se ha realizado el cálculo de las prestaciones que se le pagarán.
Así lo confirmaron a La Nación la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia y la tesorera de la Junta.
Inicialmente, Navas, de 56 años, había informado que dejaría su cargo para acogerse a su jubilación, a partir del miércoles 25 de agosto. Sin embargo, tres días después, adelantó la fecha para el martes 29 de junio.
No obstante, como la exjerarca informó sobre su retiro con tan poca anticipación, deberá esperar varias semanas para recibir su pensión, pues el trámite para calcular el monto tomará varias semanas.
Así lo explicó Ingrid Moya Aguilar, integrante titular y tesorera de la Junta Administradora del Fondo de pensiones judiciales.
Según la funcionaria, la Junta por lo general pide dos meses para realizar los cálculos.
“Como ella adelanta la solicitud de jubilación, pues nosotros tenemos cierto periodo de gracia para que la administración pueda hacer todos los procesos y los cálculos que deben hacerse para obtener el monto de la jubilación.
“Lo que se le dice es: ‘doña Emilia, usted bajo las condiciones que tiene puede irse, pero eso le va a afectar el momento en el que le va a llegar el beneficio de la jubilación, porque nosotros aún no tenemos los cálculos’”, afirmó Moya.
Aunque aún no se sabe a cuánto ascenderá la jubilación de la exfiscala, Moya adelantó que Navas se retirará con las reglas del régimen de pensiones judiciales antiguo, es decir, el que estaba vigente antes de la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, en el 2018.
En ese sistema, ya descontinuado pero en el que se pudieron quedar los funcionarios judiciales de mayor antigüedad, las personas se jubilan con el 100% del promedio de los últimos 24 salarios, a los 62 años de edad y con 30 años de servicio.
Según los registros del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a julio del 2020, Navas percibía un salario de ¢6 millones.
No obstante, Moya explicó que la exjerarca no recibirá el 100% de los beneficios, pues su pensión es anticipada. Es decir, se retira antes de cumplir los requisitos para acceder a una jubilación completa.
Navas acumula 32 años de servicio, pero tiene solo 56 años de edad.
“Si tiene 30 o más años de servicio, pero sin haber cumplido los 60, la jubilación se calcula en proporción con la edad del servidor”, indicó la tesorera del fondo de pensiones.
Precisamente, esa es la estimación que la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial realizará durante las próximas semanas.
De forma paralela, se iniciará un proceso para elegir al próximo fiscal general de la República.
Los magistrados de la Corte Plena acordaron, el lunes 28 de junio, que la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial publique el concurso público a la mayor brevedad posible.
Fuentes consultadas:
-Ingrid Moya Aguilar, integrante titular y tesorera de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
-Oficina de prensa del Poder Judicial
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