Francisco Cubillo Mora. 26 noviembre, 2018

Un mensaje que se distribuye en redes sociales afirma, erróneamente, que la reforma fiscal tendrá que derogarse, después de aprobada en segundo debate, si la huelga de los sindicatos del Magisterio Nacional es declarada legal.

“Estaríamos ante un escenario histórico, donde, si es aprobado y la huelga se declara legal, estaríamos en capacidad legal de obligar al Estado a derogar un proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa”, dice la publicación que se le adjudica a un hombre llamado Alejandro Delgadillo y que circula en Facebook y WhatsApp.

La abogada laborista Paola Gutiérrez explicó a La Nación que la declaratoria de legalidad de una huelga no puede obligar al Estado a derogar una ley aprobada por el Congreso, ya que la protesta, indiferentemente de su legalidad, no afecta la potestad legislativa de los diputados.

Información falsa sobre consecuencias de legalidad de la huelga
Información falsa sobre consecuencias de legalidad de la huelga

El también abogado laborista, Marco Durante, coincide con Gutiérrez en que es completamente falso que exista alguna obligación o posibilidad de derogar una ley por la declaratoria de legalidad de una huelga.

"En el mas básico conocimiento de la división de poderes, está claro que el Poder Ejecutivo no puede limitar o impedir el mandato constitucional que le asigna al Poder Legislativo la potestad de crear las leyes”, dijo Durante.

El Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José anuló, la semana anterior, la declaratoria de ilegalidad de la huelga en el Ministerio de Educación Pública (MEP) y devolvió el proceso al Juzgado para un nuevo análisis.

De esta forma, el juez de primera instancia deberá, nuevamente, hacer la calificación del movimiento de protesta que mantienen los sindicatos, desde el 10 de setiembre, contra la reforma fiscal.

Por su parte, la Sala Constitucional informó, el viernes anterior, que no encontró vicios de procedimiento ni de forma en el proyecto de plan fiscal, lo que permitirá someterlo a votación en segundo debate para, posteriormente, pasarlo a la firma del presidente Carlos Alvarado y su respectiva publicación en el diario oficial La Gaceta.

El proyecto no requerirá de 38 votos para ser ratificado, pues los magistrados concluyeron que este no afecta el funcionamiento del Poder Judicial, a diferencia de lo que dijo la Corte Plena, la cual alegó que sí le afectaba en el tanto la reforma impondrá medidas de contención de gasto sobre los salarios públicos.

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