Sofía Chinchilla Cerdas. 25 marzo
La imagen que se comparte en redes sociales y grupos de WhatsApp alerta de que Daniel Salas supuestamente reprimirá a la población con encarcelamientos. watermark-flex watermark-mobile
La imagen que se comparte en redes sociales y grupos de WhatsApp alerta de que Daniel Salas supuestamente reprimirá a la población con encarcelamientos.

Es falso que el ministro de Salud, Daniel Salas, vaya a enviar a prisión al personal sanitario que rehúse vacunarse contra la covid-19, como lo asegura una imagen que se divulga en redes sociales.

La gráfica advierte de que esta es una medida de represión que, supuestamente aplicará el jerarca contra la población, pero se trata de una afirmación que no tiene ningún fundamento legal, según lo confirmó a La Nación el abogado laboralista Marco Durante.

El mensaje viral dice: “PRISIÓN. El ministro Daniel Salas va a imponer el despido o la pena de prisión para el empleado público que no se vacune... Y este es solo el comienzo de la represión...”.

Este medio consultó a Durante si, legalmente, es viable que una persona vaya a la cárcel por negarse a vacunarse. El abogado afirmó que las leyes vigentes no abren esa posibilidad.

“Es falso decir que aquí hay una pena de prisión. Sí es correcto decir que pueden haber sanciones disciplinarias, dependiendo de la gravedad, pero hay un fundamento para hacerlo”, dijo el especialista.

En Costa Rica, solo los tribunales pueden ordenar la pena de prisión contra una persona, por delitos que estén explícitamente establecidos en las leyes.

La negativa a aplicarse una vacuna no constituye un delito, por lo que no es posible encarcelar a una persona por esa causa.

No obstante, dicha conducta sí está tipificada en la ley como una contravención, es decir, como una falta de menor gravedad. El castigo por incurrir en esta infracción es una multa de ¢462.000.

Además, como la vacunación contra la covid-19 es obligatoria para el personal sanitario desde el 11 de marzo, si algún funcionario se negara a recibirla, se expondría a que se le realice un procedimiento disciplinario y a que se le sancione de alguna forma, incluso con el despido.

La explicación

En el país, las vacunas pueden ser voluntarias u obligatorias. La obligatoriedad de cada inmunización la define la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, según lo establece la Ley Nacional de Vacunación.

Durante explicó que, si una vacuna es declarada obligatoria, nadie puede negarse a recibirla, a menos que medie un diagnóstico médico por el que la inmunización esté contraindicada.

De hecho, el Código Civil de Costa Rica establece que toda persona puede negarse a ser sometida a un examen o tratamiento médico o quirúrgico, “con excepción de los casos de vacunación obligatoria o de otras medidas relativas a la salud pública, la seguridad laboral”.

En el territorio nacional, la vacunación contra la covid-19 es obligatoria para todo el personal sanitario desde el 11 de marzo, porque ese día se publicó en La Gaceta el decreto que así lo establece.

Esta normativa alcanza a los funcionarios del Ministerio de Salud, los de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Cruz Roja y para quienes laboren en la red de servicios de atención directa en primera línea del Instituto Nacional de Seguros (INS), así como los trabajadores de servicios sanitarios en el sector privado.

Consultado por La Nación, el Ministerio de Salud indicó que la sanción de quienes incumplan con esta disposición será responsabilidad de cada patrono, “de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional”.

Ahora, ¿qué pasa si alguien dice ‘no’?

De acuerdo con el experto laboralista, la normativa vigente establece qué le puede ocurrir a una doctora o un enfermero, por ejemplo, que se niegue a recibir la vacuna.

El Reglamento de la Ley Nacional de Vacunación establece que toda acción u omisión que lesione las disposiciones de la Ley Nacional de Vacunación se considerará una contravención a la salud “y se sancionará conforme lo establece la normativa jurídica”.

Ahora bien, la Ley General de Salud establece cómo se sancionan dichas contravenciones.

“Al omiso en el cumplimiento de las órdenes o medidas especiales o generales dictadas por las autoridades de salud, se le aplicará una multa fija de un salario base, siempre que el hecho no constituya delito”, dice el artículo 378 de dicha ley.

Según el monto vigente, esa multa, al día de hoy, sería de ¢462.200.

El Ministerio de Salud confirmó que este mecanismo de sanción es el que procede, en este caso.

¿Y en el trabajo?

En el aspecto laboral, el Código de Trabajo establece qué puede hacer un patrono, en caso de que un funcionario se niegue a recibir la inyección.

Durante remitió específicamente a los artículos 282 y 285 del Código de Trabajo.

El artículo 282 establece que “corre a cargo de todo patrono la obligación de adoptar, en los lugares de trabajo, las medidas para garantizar la salud ocupacional de los trabajadores”.

En tanto, el numeral 285 reza así: “Todo trabajador deberá acatar y cumplir, en lo que le sea aplicable, con los términos de esta ley, su reglamento, los reglamentos de salud ocupacional”.

Marco Durante explicó que, desde la perspectiva obrero-patronal, si un funcionario se niega de forma injustificada (es decir, sin dictamen médico) a recibir la vacuna contra la covid-19, su empleador puede iniciar un trámite sancionatorio.

“Si se trata de un funcionario público, previo a la sanción puede abrirse un procedimiento administrativo disciplinario, para que se le respete al trabajador el debido proceso (...). Dependiendo de la gravedad de la falta puede llegar al despido sin responsabilidad patronal”, afirmó Durante.

El castigo puede llegar a ese nivel, porque así lo establece la misma ley.

El artículo 81 del Código de Trabajo dice que un patrono está facultado para dar por terminado un contrato de trabajo, “cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta y reiterada a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades”, así como cuando el trabajador comprometa, con su descuido, la seguridad del lugar.

Fuentes consultadas:

-Marco Durante, abogado especialista en derecho laboral.

-Consulta al Ministerio de Salud de Costa Rica

-Ley Nacional de Vacunación, número 8111

-Reglamento a la Ley Nacional de Vacunación, número 32722

-Ley General de Salud, número 5395

-Código Civil, ley número 63

-Decreto Ejecutivo 42889-S

-Código de Trabajo, ley número 2

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