Ministerio Público sepulta investigación sobre carretera a San Ramón

El Ministerio Público no encontró delitos para acusar a un grupo de políticos costarricenses y a la constructora brasileña OAS por aparentes irregularidades denunciadas en 2013, luego del fallido contrato de concesión de la carretera San José -San Ramón.

La investigación, denominada como un “megacaso de corrupción” por el fiscal adjunto, Juan Carlos Cubillo, y que conllevó múltiples allanamientos y el secuestro de 350 cajas de evidencia, fue desestimada por la Fiscalía Adjunta de Probidad y Transparencia y Anticorrupción el 19 de mayo de 2015.

Esa solicitud fue acogida el 10 de febrero de este año por el juez Alberto Vargas Duarte del Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José.

El incremento en el costo de los peajes, que conllevaría la ampliación de los 58 kilómetros de carretera entre La Sabana y San Ramón, en Alajuela, originó en el 2013 un descontento social y protestas que se prolongaron por más de un mes.

Esto llevó a la entonces presidenta Laura Chinchilla a poner fin al contrato de concesión por $524 millones con la brasileña OAS. El contrato de fideicomiso para desarrollar esta carretera aún no se ha constituido.

El expediente de la investigación, que hoy suma 6.053 páginas, fue abierto debido a una denuncia presentada por el empresario Alberto Rodríguez Baldí quien pidió indagar los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles, peculado y supresión de documento en el caso de la ampliación de la carretera a San Ramón.

58 kilómetros de disputa. El contrato de concesión de la ruta a San Ramón permitía que, por 58 kilómetros de carretera, la brasileña OAS cobrara ¢524 millones. La construcción se le cedió en marzo de 2013.

La denuncia de Rodríguez Baldí iba dirigida al entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Pedro Castro, quien fue asesor de la constructora brasileña en ese proyecto, antes de asumir en la función pública. También figuraban 15 personas más, incluida la presidenta Laura Chinchilla (2010-2014) y el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva.

El exmandatario brasileño, vino a Costa Rica en agosto de 2011 en un avión privado para dar una conferencia patrocinada por OAS, poco más de un año antes de que esa compañía asumiera el contrato de la ruta a San Ramón.

Da Silva es investigado en su país por supuestamente recibir de cinco constructoras, entre ellas OAS, $2,5 millones en pago por charlas que dictó tanto en Brasil como fuera. Según la Fiscalía del país suramericano, “hay indicios de obras en el exterior en el que podría haber tráfico de influencias”.

Durante su breve estadía en el país, Lula también se reunió con el expresidente Óscar Arias y su hermano y exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias. Por ese encuentro, Rodríguez Baldí los incluyó en la denuncia.

A esa causa también se unió una denuncia de José Antonio Rojas, representante de la Asociación Pro Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos, quien cuestionó la potestad del apoderado de OAS, Humberto Pereira, para firmar en nombre de la empresa la cesión del contrato vial que estaba en manos de Autopistas del Valle.

Según Rojas, en marzo de 2013, Pereira ya no tenía el poder de representación. También cuestionó la falta de experiencia de la adjudicataria OAS Central American Investing Limited.

La misma Fiscalía le pidió explicaciones a la Contraloría General de la República sobre el estudio realizado a esa compañía de previo al refrendo, en virtud de que la misma se encontraba domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, donde se creó en enero de 2012.

Furiosas protestas. En 2013, los vecinos de San Ramón protestaron contra OAS. El episodio más furioso lo protagonizaron el 11 de abril de 2013. Doce días después, poco antes de la visita del presidente Barack Obama, la mandataria Laura Chinchilla anunció que rompía el contrato.

Argumentos para desestimar caso. El Ministerio Público desechó el caso después de concluir que la cesión del contrato a la constructora brasileña “sí era jurídicamente viable”.

Además, alegó que no es posible afirmar que hubo un sobreprecio en la concesión y tampoco hay pruebas para determinar que se le pagó a algún funcionario público por esa cesión, ni que hubiese un incumplimiento de sus deberes.

También determinó que el pago de $35 millones a OAS por la terminación del contrato de concesión “era pertinente”. Ese giro estaba previsto en la licitación original en caso de que el acuerdo no llegara a buen término.

De acuerdo con la Fiscalía, Humberto Pereira sí estaba facultado para actuar en nombre de OAS. “El poder generalísimo con el que contaba fue revocado y en su lugar le otorgaron otro, un mandato especial para que negociara y firmara todo lo relativo a dicho contrato por lo cual sí estaba legitimado para actuar”, explicó el Ministerio Público ante una consulta de La Nación.

Con relación al exministro Pedro Castro, la Fiscalía detalló que “no se pudo acreditar un interés en la concesión ni beneficio patrimonial antijurídico para sí ni para un tercero”.

Lea los argumentos completos de la Fiscalía.

1. La Cesión a la empresa OAS sí era jurídicamente viable.
2. No es posible afirmar que hubo sobreprecio en la concesión, atendiendo a las reuniones técnicas de reequilibrio económico y financiero del contrato.
3. No existen probanzas de que se pagara a ninguno de los funcionarios públicos involucrados al aprobar la cesión, ni que hubieran incumplido sus deberes en ese proceso, ni resuelto contrario a derecho al decidir sobre aquella.
4.La indemnización a OAS era pertinente, pues el pago de las inversiones realizadas por el concesionario estaba previsto en la licitación original en caso de no concretarse el contrato.
5. El poder utilizado por Humberto Pereira (apoderado general de OAS), actuando en nombre de OAS, al momento de firmar la cesión, no era falso. El poder generalísimo con el que contaba fue revocado y en su lugar le otorgaron otro, un mandato especial, para que negociara y firmara todo lo relativo a dicho contrato; por lo cual sí estaba legitimado para actuar.
6. No hubo supresión del expediente de conciliación entre el Estado y OAS, pues el documento cuestionado sí fue localizado e incluso se decomisó.
7. No se configura el delito de negociaciones incompatibles, al no concurrir los elementos objetivos del tipo penal (del delito). No se pudo acreditar un interés del imputado (del ahora exministro de Obras Públicas y Transportes Pedro) Castro Fernández en la concesión, ni beneficio patrimonial antijurídico para sí ni para un tercero.
8. Tampoco se verificó un perjuicio para la Administración, pues Cacisa-Cano sí realizó sus labores de supervisión.

Fuente: Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

Línea de tiempo
Estos son los principales hechos alrededor de la frustrada concesión de la carretera a San Ramón

  1. Concesión pasa a manos de OAS

    11 marzo 2013

    Nueve años después de otorgada la concesión a Autopistas del Valle para la ampliación de la carretera San Ramón, por $267 millones, la obra nunca se ejecutó. Por tal motivo, el contrato pasó a manos de la firma brasileña OAS, pero su costo ya se había incrementado a $524 millones.

  2. Fiscalía pide investigar

    9 de abril del 2013

    El Ministerio Público solicitó a la sección de Fraudes del OIJ investigar el caso de la carretera San José- San Ramón por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y otros, contra ignorado desconocido, en perjuicio de los deberes de la función pública.

  3. Protestas por costo de peajes

    14 abril 2013

    Descontentos por el alto costo de los peajes, casi ¢4.000 en un viaje de ida y vuelta, vecinos de los cantones afectados por la concesión de la vía a San Ramón, agrupados en el Foro de Occidente, exigieron al gobierno rescindir el contrato con OAS y convocaron a marcha nacional.

  4. Empresario denuncia aparentes delitos

    15 y 19 de abril del 2013

    Miembros de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción allanaron las oficinas del Concejo Nacional de Concesiones. La Fiscalía emprendió la investigación tras una denuncia del abogado Alberto Rodríguez Baldí, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes por parte de los funcionarios que vieron el contrato.

  5. Presidenta Chinchilla rompe con OAS

    23 de abril 2013

    En cadena nacional de radio y televisión, la presidenta Laura Chinchilla anunció la ruptura del contrato de concesión con OAS para la reparación y ampliación de la carretera a San Ramón debido al descontento comunal por el alto costo del proyecto. Ver nota >>

  6. Amplían lista de posibles imputados

    30 de abril 2013

    Alberto Rodríguez Baldí solicitó a la Fiscalía de Anticorrupción y Probidad de la Función Pública imputar por este caso a: Laura Chinchilla Miranda, Óscar Arias Sánchez, Rodrigo Arias Sánchez, Pedro Castro, Roberto Gallardo, Rodrigo Bolaños y otros.

  7. Fiscal lo llama ‘megacaso de corrupción’

    10 de mayo del 2013

    “Megacasos de corrupción”, así describió Juan Carlos Cubillo, fiscal adjunto de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, la investigación en el caso de la vía a San Ramón, esto por la cantidad de documentos y de instituciones involucradas. La Fiscalía allanó las oficinas de: Cacisa, CYC CACISA, Soares da Costa Concesiones, Concesionaria Vial Valle Central S. A., OAS Central America Investing Limited, M y S Concesiones Costa Rica S. A. y Autopistas del Valle S. A.

  8. Constructora cobró $46 millones

    08 junio 2013

    El Gobierno pidió explicaciones a OAS sobre el cobro de $46 millones de indemnización por la terminación del contrato de la carretera a San Ramón. OAS explicó que $33,9 millones correspondían a las inversiones hechas por Autopistas del Valle, empresa que cedió la concesión, $900.000 por concepto de especies fiscales y $11,1 millones por nuevos gastos e inversiones.

  9. Fin de contrato a conciliación

    08 agosto 2013

    El Gobierno y la empresa OAS acordaron poner fin a la disputa por la terminación del contrato de concesión de la carretera a San Ramón mediante un arreglo en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio.

  10. Gobierno acuerda indemnizar al contratista

    02 diciembre 2013

    El Gobierno acordó pagar $35 millones a la constructora OAS por ponerle fin al contrato. El Poder Ejecutivo recurrió a la figura de la conciliación para pagar menos dinero, pues en un principio, la firma brasileña pedía una indemnización de $46 millones.

  11. Estado apura pago de $35 millones a OAS

    13 marzo 2014

    El Gobierno acordó pagar $35 millones a la constructora OAS por ponerle fin al contrato. El Poder Ejecutivo recurrió a la figura de la conciliación para pagar menos dinero, pues en un principio, la firma brasileña pedía una indemnización de $46 millones. Ver nota >>

  12. Proyecto revive mediante fideicomiso

    04 febrero 2015

    Los diputados aprobaron en primer debate el proyecto que daría los fondos para ampliar la carretera entre San José y San Ramón por medio de un fideicomiso financiado por los bancos del Estado. La obra tendría un costo de $473 millones.

  13. La gran investigación se desvanece

    19 de mayo 2015

    La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó desestimar la causa sobre la concesión de la vía a San Ramón por considerar que los hechos denunciados no constituyen los delitos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles, peculado y supresión de documento.

  14. Empresario presenta nueva querella

    20 de octubre de 2015

    Alberto Rodríguez Baldí presentó querella ante el Ministerio Público por la posible comisión de Delitos de Acción Popular contra Pedro Castro (entonces ministro de Obras Públicas y Transportes) y otros por la eventual comisión de delitos: enriquecimiento ilícito, administración en propio, tráfico de influencias y pago irregular de contratos, entre otros.

  15. Juez Penal acepta desestimar causa

    10 de febrero de 2016

    El juez Alberto Vargas Duarte del Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió en forma oral la solicitud de desestimación presentada por el Ministerio Público en la investigación seguida en el caso de OAS.

  16. Denunciante insiste en revivir caso

    01 de abril de 2016

    El abogado Juan Marcos Rivero, solicitó al Ministerio Público no archivar la Acción Popular presentada por su representado, Alberto Rodríguez Baldí para que se investiguen supuestas irregularidades en el caso de OAS. Esto debido a que la Fiscalía alegó que los hechos ya se habían indagado y el caso fue desestimado.

  17. Nueva audiencia

    09 de junio 2016

    La querella de acción pública presentada por Rodríguez Baldí, que iba a ser vista el 9 de junio en una audiencia preliminar ante el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, se pospuso a espera de nueva fecha.

Roberto Gallado, exministro de Planificación, quien también figuraba entre los denunciados, pues lideró la negociación del pago a OAS por parte del Estado, manifestó que todo se trató de acusaciones espurias.

La Nación intentó el jueves contactar al fiscal Cubillo para pedirle una reacción, pero en la oficina de prensa informaron que el funcionario estaba saliendo del país y no podía atender.

Mientras tanto, la fiscala auxiliar Grettel Mejía dijo que no se referirá al caso hasta que se resuelva una nueva querella del denunciante Rodríguez Baldí para intentar revivir la investigación.

“A nosotros nunca nos han llamado, ni para pedirnos una declaración, ni testimonio de nada. No me extraña que no nos hayan llamado, porque era evidente, desde un principio, que las acusaciones no tenían ningún fundamento porque todo se hizo apegado a la ley”,
- Roberto Gallardo, exministro de Planificación.

Empresario insiste. Mediante su abogado, Juan Marcos Rivero, el hotelero interpuso una Acción Popular. Esta figura permite a cualquier ciudadano presentar una denuncia contra funcionarios públicos que se presume cometieron algún delito en el ejercicio del cargo.

Aunque el Ministerio Público alega que la denuncia no procede, pues se trata de los mismos hechos denunciados anteriormente por Rodríguez Baldí y desestimados, se convocó a una audiencia preliminar inicialmente para el 9 de junio, aunque este viernes la Fiscalía informó que no se podrá llevar a cabo ese día porque la fiscal a cargo del caso estará en juicio toda esa semana.

Se intentó obtener una versión de Rivero, pero no contestó las llamadas a su celular ni devolvió los mensajes dejados en su oficina.

Por su parte, Pedro Castro y su abogado Kerry Ramírez, solicitaron al Juzgado Penal que la querella se declare inadmisible y se rechace por no haber delito alguno que perseguir.

“No existe mérito, ni interés procesal ni legitimación alguna, amén de que ya el Dr. Pedro Luis Castro no ostenta la condición de funcionario público y se estaría violentando un principio básico de economía procesal”, dice el escrito.

Mientras en Costa Rica el caso OAS fue desestimado, esa compañía tiene procesos judiciales abiertos en varios países latinoamericanos por presuntos casos de corrupción.

Visita patrocinada por OAS. En agosto de 2011, el presidente de Brasil Luis Inácio Lula Da Silva, ofreció una conferencia patrocinada por OAS. Aprovechó la visita para reunirse con su homóloga Laura Chinchilla y conversar con Óscar Arias y su hermano Rodrigo. Leer nota >>

Fiscalía brasileña pide pruebas a Costa Rica

Las autoridades brasileñas le solicitaron al Ministerio Público copia de la documentación y otras pruebas recolectadas durante la investigación del caso de la concesión de la carretera a San Ramón.

Así consta en una solicitud de la Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción al Juzgado Penal, el pasado 10 de marzo, como parte de un trámite de la Asistencia Penal Internacional.

La República Federal de Brasil pidió, con carácter de urgencia, el contenido del expediente de la causa 13-27-0621-PE, pues la empresa OAS es investigada en ese país por un aparente delito de corrupción.

En particular se requirió la documentación escaneada durante la apertura de evidencia del caso contenida en seis discos compactos.

Durante la investigación, iniciada en abril de 2013, el Ministerio Público recolectó 350 cajas de evidencia luego de nueve meses de trabajo y múltiples allanamientos. A hoy, el expediente consta 6.053 páginas.

No obstante, al final de la investigación la Fiscalía determinó que con la prueba recaba no se pudo comprobar la existencia de delitos para formular una acusación.

Entretanto, en Brasil uno de los hechos por los cuales OAS está en la mira de las autoridades tiene relación con el expresidente Luis Inácio Lula Da Silva. Según las pesquisas, la constructora es una de las cinco empresas que, en apariencia, habría girado $2,5 millones al exmandatario en pago por conferencias, lo que podría configurar el delito de tráfico de influencias.

En otras naciones como Perú, Argentina y Uruguay ya abrieron investigaciones judiciales o políticas y concentran gruesos tomos de pruebas sobre las huellas de la constructora brasileña, entre otras, por eventuales actividades ilícitas vinculadas al financiamiento irregular de campañas políticas, lavado de dinero y fraude en licitaciones.

La tormenta de OAS y Lula
Expresidente y empresa encaran señalamientos en varios países latinoamericanos

En Uruguay OAS fue adjudicada para construir obras de una regasificadora, no obstante, el proyecto no llegó a buen término y el contrato le fue rescindido. Según ha informado la prensa de ese país la firma brasileña incumplió pagos con más de 380 empresas uruguayas por más de $25 millones. Ver la nota >>

OAS también figura en un escándalo en Ecuador. Según da cuenta el diario El Universo de ese país, la filial ecuatoriana de la Constructora OAS habría desviado $9,1 millones simulando la contratación de una consultoría técnica, para enviar ese dinero a Andorra y eventualmente utilizarlo en el pago de sobornos.Ver la nota >>

En Argentina el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, investiga desde agosto del año pasado si empresas brasileñas que obtuvieron contratos en Argentina, incluida OAS, pagaron sobornos a políticos. Ver la nota >>

El vicepresidente de OAS Ltda, Augusto Ferreira, quien en 2013 negoció con la presidenta Laura Chinchilla el fin del contrato para la reconstrucción y ampliación de la carretera San Ramón, es investigado en Brasil porque supuestamente cometió fraude para ganar la licitación de un aeropuerto y habría subido el precio de las obras. Ver la nota >>