23 de enero de 2018

La mayoría de los candidatos a diputados coincide en que el actual sistema de pagos a los empleados públicos debe cambiar. Sin embargo, entre ellos no hay acuerdo sobre qué y cómo modificar el régimen.

Dentro de sus propios partidos, los postulantes tienen posiciones diversas y divididas que vislumbran un complicado camino para reformar el sistema, una tarea en la que fracasó el actual congreso .

Ese panorama se refleja en las respuestas que 126 aspirantes a una curul dieron a La Nación ante la pregunta de si estarían de acuerdo con una reforma al empleo público.

La consulta se hizo a los 18 principales candidatos de las siguientes siete agrupaciones: Partido Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio (FA), Integración Nacional (PIN), Movimiento Libertario (ML) y Republicano Social Cristiano (PRSC).

En ese grupo, unos abogan por poner un tope a los salarios y pensiones de lujo, otros por modificar la forma en que se evalúa el desempeño de los funcionarios.

También hay quienes proponen eliminar privilegios y equiparar salarios entre las instituciones del sector público. Lo que casi ninguno defiende es un cambio integral al modelo de remuneraciones.

No obstante, si eso se diera, la mayoría pide respetar los derechos adquiridos de los empleados actuales y aplicar los cambios para los nuevos ingresos.

La discusión sobre la planilla estatal, y en especial los sobresueldos que se pagan a los burócratas, ha cobrado vigencia en los últimos años debido a la presión que este componente ejerce en el gasto del gobierno.

Las iniciativas para intentar frenar esto no han faltado, pero sí el apoyo a las mismas. Desde marzo del 2015 la liberacionista Sandra Piszk presentó un proyecto de ley (19.506) tendiente a ordenar los beneficios salariales, como anualidades, dedicación exclusiva, prohibición y auxilio de cesantía. La propuesta no prosperó en el Congreso.

Dicho plan tampoco ha sido respaldado por la mayoría de diputados por lo cual es probable que la decisión sobre el empleo público recaiga sobre los futuros legisladores.

Lupa a pensiones y salarios de lujo

Entre los aspirantes frenteamplistas una mayoría concuerda en la necesidad de poner tope a los salarios excesivos y pensiones de lujo, aspectos que también forman parte de su plan de gobierno. Eso sí advierten que ninguna reforma debe violentar los derechos de los trabajadores.

En esa misma agrupación, dos candidatos se mostraron en desacuerdo con una reforma.

Los verdiblancos, en cambio, dijeron estar a favor de una reforma con el objetivo primordial de eliminar las actuales disparidades salariales en el sector público. La complejidad del asunto, advierte la candidata Silvia Hernández, obliga a trabajar las modificaciones en fases: primero elementos relacionados con pluses, disparadores y salarios únicos.

Su plan de gobierno también menciona la racionalización de los sobresueldos como una de las medidas para contener y controlar el gasto.

En esto coinciden los candidatos de Movimiento Libertario quienes además abogan por terminar con los privilegios y buscar una mayor eficiencia del Estado.

“Tenemos que eliminar pluses salariales, pensiones excesivas y los abusos en convenciones colectivas”, sentenció la candidata libertaria por Cartago, Mónica Molina.

Del lado oficialista, la mayoría de los candidatos del PAC considera necesaria una reforma al empleo público basada en eficiencia, equidad y diálogo sectorial, para corregir desigualdades salariales.

Otros candidatos como Horacio Alvarado, del PUSC, sostienen que una eventual reforma debe ir orientada a estudiar la duplicidad de funciones en el sector público para poder fundir instituciones. La mayoría de los socialcristianos entrevistados mostraron su preocupación por el crecimiento de la planilla estatal.

Un criterio similar externaron algunos de los aspirantes por el Partido Republicano Socialcristiano.

En el sector público laboran más de 271.400 personas. De ellas, unas 136.000 pertenecen al Gobierno central, Poder Judicial y Legislativo, así como otras entidades descentralizadas.

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