Estado lo usa como forma fácil, segura y rentable de obtener ingresos

Consumidores condenados a pagar alto tributo a gasolina

Publicado el 10 de Diciembre del 2014

Por ser un ingreso seguro y fácil de cobrar, el Estado costarricense sentenció al consumidor a pagar un alto tributo cada vez que compra gasolina. El impuesto se aplica desde hace 13 años y lo pagan, por igual, todos los usuarios sin importar su condición económica. De los ¢731 que en promedio ha costado el litro de regular este año, el gravamen consumió ¢227 (31%), la tercera parte del precio final al consumidor.

Tal y como lo informó La Nación ayer esto ubica a Costa Rica como el país con la mayor carga impositiva a los #combustiblescr en el Istmo, lo cual borra el beneficio de la compra barata en el mercado internacional. Solo el año pasado, los 19 millones de barriles consumidos por los costarricenses generaron ¢390.000 millones en tributos, el equivalente al 2% de la producción nacional.

De ese monto, el Ministerio de Hacienda se quedó con ¢257.000 millones (66%). El dinero se distribuye en el Presupuesto Nacional para cubrir necesidades de educación, salud e incluso pago de planillas.

¢390.000 millones

Monto recaudado por impuesto a combustibles, equivale al 2% del PIB.
En Costa Rica el impuesto a los #combustiblescr también compensa las carencias de otros tributos, los cuales exoneran o no cubren todas las actividades, reconoció el viceministro de Ingresos de Hacienda, Fernando Rodríguez.

Por ejemplo, el impuesto de ventas no grava los ingresos por prestación de servicios y, en total, tiene exoneraciones por más del 3% del producto interno bruto (PIB).

Para subsanar esas erosiones, se recurrió al impuesto a los #combustiblescr. Los ingresos del fisco por ese concepto representan el 11% de toda la recaudación por tributos (¢3,5 billones en 2013), lo que lo convierte en el tercero en importancia, después de los impuestos de ventas y de la renta.

Las conclusiones son parte de una investigación de este medio que procura explicar por qué los costarricenses pagan los carburantes más caros de Centroamérica.

Max Alberto Soto
“Los impuestos más eficientes, no necesariamente los más equitativos, son los que se pueden cobrar por volúmenes y es muy difícil evadirlos. ¿Quién lo termina pagando y cómo se traslada a otras actividades? Eso es otra discusión”

Max Alberto Soto, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Encrucijada

Ante la tendencia alcista de los #combustiblescr en la primera mitad del año, el actual gobierno exploró alternativas para bajar los precios locales, pero rápidamente descartó variar el tributo.

“Reducir el impuesto es inviable tiene una serie de implicaciones que van muchísimo más allá de lo que la infraestructura y los #combustiblescr mismos conllevan”, dijo el presidente Luis Guillermo Solís, el pasado 25 de junio.

Un 3%
trimestral

Porcentaje máximo de ajuste del impuesto único de los combustible.
El viceministro Rodríguez, reafirmó recientemente a este medio, que no existe el ambiente ni las condiciones para proponer una modificación a ese importe. “Si por querer disminuirlo afectamos la situación fiscal, podemos generar una crisis que terminaremos pagando todos”, sentenció.

Al 2013, el déficit fiscal (faltante de recursos para satisfacer las necesidades del Estado) fue de 5,4% del PIB.

“Todos los países cobran impuestos (a los hidrocarburos), aunque Costa Rica, tiene la cuota más alta. Eso depende de la política fiscal de cada nación. Creo que ningún ministro de finanzas tomará la decisión de desgravar los #combustiblescr sino tiene un reemplazo”, comentó Victor Hugo Ventura, jefe de la Unidad de Energía de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En la última década y pese a las quejas por los altos precios, las ventas de hidrocarburos crecen un 2% anual, convirtiendo al impuesto en un pararrayos ante las fallidas reformas fiscales. El impuesto se cobra como un monto único por tipo de carburante y se actualiza por inflación hasta un máximo de 3% trimestral.

El Gobierno Central no es el único beneficiado con el tributo. Un 21% le corresponde al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para atender la red vial nacional. Otro 7% se destina a las municipalidades para arreglos de rutas cantonales.

Otras entidades que también reciben dinero son el Fondo Nacional Forestal, la Cruz Roja, el Ministerio de Agricultura y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica, encargado de fiscalizar la condición de las carreteras.

El Viceministro de Ingresos de Hacienda comentó que el Estado no evalúa cuán eficiente es el uso del dinero del impuesto, pero consideró que sus efectos sí se observan en la inversión en infraestructura vial.

Estado de carreteras pasó de malo a regular

Viajar por una carretera sin caer a un hueco o sin sentir el golpeteo del vehículo, cuando las llantas pasan sobre parches y hundimientos, es una aventura casi inevitable en Costa Rica. Sin embargo, una década atrás, la condición de las vías era peor.

Actualmente, de los casi 5.000 kilómetros de carreteras nacionales, 1.700 (35%) están en muy buen estado y por otros 2.100 (44%) kilómetros se puede transitar, pese a su deterioro. Los que sí son prácticamente intransitables son 1.000 kilómetros (21%), los cuales están en pésima condición (muy deteriorados o deficientes).

Diez años atrás, la red vial nacional era de 4.072 kilómetros. Los malos caminos sumaban una tercera parte (34%), 1.387 kilómetros. En condición regular había 1.385 kilómetros y en buen estado otros 1.300 kilómetros.

En conclusión, en el último decenio, la calidad de las carreteras nacionales pasó de mala a regular, aunque los conductores paguen un impuesto para mantenimiento vial y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos abaratara el precio del asfalto. El 99% de esas vías están construidas en asfalto.

Los resultados surgen al comparar el primer informe de fiscalización de vías de 2004 hecho por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) con el más reciente de 2013. Las cifras del primer estudio solo incluyen el deterioro superficial de la carpeta asfáltica (IRI). Para el último, se consideraron la capacidad estructural, calidad del pavimento y la comodidad del usuario al transitar por las carreteras.

En deuda. El responsable de dar mantenimiento a las rutas nacionales es el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que para cumplir con ese fin obtiene un 21% de todo lo recaudado por impuesto a los #combustiblescr.

Arreglo Carreteras en Costa RicaAnualmente el Consejo Nacional de Viabilidad destina hasta ¢80.000 millones para mantenimiento de calles.Entre 2004 y el año pasado, Conavi recibió ¢552.000 millones para conservar las carreteras en buenas condiciones. Anualmente, esa entidad destina entre ¢70.000 y ¢80.000 millones para ese fin.

“Esa masa de dinero que ha entrado sí ha logrado mejorar el estado de la red vial en los últimos 10 años. Se lo digo de una manera sencilla: el primer informe de evaluación (hemos hecho cinco) decía que para reconstrucción de la red vial se destinaba un 30% de los recursos recibidos (por impuesto) y ahora solo se destina un 10%. Es decir, 20% menos, equivalentes a unos 1.000 kilómetros. Esto indica que hay carreteras en mejor condición y, por lo tanto, no requieren ser reconstruidas”, manifestó Loría.

Sin embargo, para el experto aún estamos lejos de llegar a los niveles óptimos, ya que el país aún tiene poco más de 1.000 kilómetros de carreteras por debajo de los parámetros utilizados por el Banco Mundial para medir el deterioro máximo.

Mauricio Salom, director ejecutivo del Conavi, coincide con Loría en que Costa Rica ha mejorado sus carreteras, pero falta mucho por hacer. “El país ha mejorado la red vial pavimentada. Pero no estamos en el punto adecuado. Los estudios nos dicen que para poner las vías en un nivel de primer mundo se necesitan alrededor de 2,5 a 3 veces el monto invertido hoy”, expresó Salom.

Municipios engavetan ¢16.000 millones para vías comunales

Las municipalidades tienen engavetados más de ¢16.000 millones en la caja única del Ministerio de Hacienda, dinero proveniente del impuesto único a los #combustiblescr que, según la ley, debe usarse para reparar y dar mantenimiento a las rutas cantonales.

El monto corresponde al cierre de octubre pasado y es un saldo inutilizado por varios años, según consta en el sitio web de Hacienda.

Los ayuntamientos con mayores montos sin invertir son: Pococí con más de ¢1.000 millones, seguido de Cartago con ¢931 millones, Golfito con ¢791 millones y Alajuela con ¢756 millones.

La Nación conversó con los alcaldes de tres de esos gobiernos locales y argumentaron dos razones primordiales para tener guardado el dinero: desconocían los saldos acumulados o ya los tienen en las previsiones de inversión.

Ese último es el caso de la Municipalidad de Pococí. Grace Hernández, responsable de prensa de la alcaldía, justificó que ya tienen más de ¢500 millones comprometidos en “obras de alto impacto para el cantón”.

Entre tanto, a los alcaldes de Cartago, Rolando Alberto Rodríguez, y de Alajuela, Roberto Thompson, los tomó por sorpresa la noticia. Rodríguez alegó, en una primera llamada de este medio, que “había un error en la información” y revisaría los datos con Hacienda.

Semanas después, el alcalde cartaginés explicó que, por un error en el ayuntamiento, las facturas por obras viales se cargaron a otra cuenta del gobierno local y no a la cuenta donde se depositan los recursos provenientes del impuesto a los #combustiblescr.

Entre tanto, organizaciones comunales reclaman por el mal estado de las vías y la ineficiencia municipal en la Vieja Metrópoli. Thompson manifestó semanas atrás que el monto corresponde a tres obras por aproximadamente ¢250 millones cada una, que están pendientes de pago.

La primera es una vía de interconexión entre San Isidro y Carrizal que se hizo en el 2012, pero no se ha liquidado porque faltan detalles en un puente. Hay otro trabajo de recarpeteo entre Sabanilla y Tambor que acaba de terminarse, pero no se ha pagado. El tercer proyecto es el recarpeteo en la calle Campamento Bautista, en La Guácima, el cual ya está adjudicado. Al alcalde de Golfito se le llamó en varias ocasiones, pero no atendió las consultas.

Falta eficiencia. Representantes de los municipios negaron que el acumulado se deba a un desaprovechamiento de los recursos, sino que obedece a los tiempos para tramitar las licitaciones, las apelaciones, las formas de pago y hasta errores en el cobro.

¢28.275 millones

Monto dado a municipios en 2013 por tributo a hidrocarburos.
De acuerdo con Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión de Gobiernos Locales, las alcaldías dedican, en muchos casos, el primer semestre del año a sacar carteles y licitar las obras, pero es hasta el segundo semestre cuando se ejecutan los recursos.

“En Pococí hacen los carteles y cuando van a ejecutar vienen las lluvias”, contó. También hay licitaciones apeladas que se prolongan hasta el año siguiente.

“Las municipalidades han mostrado ser más eficientes, pero se rigen por una ley nacional de contratación”, defendió Porras.

Pese a esa defensa, en criterio de Guillermo Loría, coordinador del Programa de Carreteras de Lanamme, los municipios carecen de eficiencia en la inversión de los recursos provenientes del impuesto a los carburantes. “Hay algunas excepciones, como los ayuntamientos de Belén, Heredia y Carrillo en Guanacaste”, manifestó Loría.

Impuesto también se usa para cuidar bosques

De los tributos pagados por cada consumidor de carburantes, un 4% va a la conservación de bosques y siembra de árboles, a cargo del Fondo Nacional Forestal. En los últimos diez años, esa entidad ha recibido ¢76.214 millones.

Los dineros los ha utilizado para plantar 5,3 millones de árboles e intervenir 624.000 hectáreas de bosque. De esa forma, se contribuye a minimizar el impacto del efecto invernadero provocado por las emisiones contaminantes de Co2.

“El principio de la ley forestal es que quien contamina paga. Si los #combustiblescr emiten tantas toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera y los árboles pueden capturarlo, entonces, hay que compensar al dueño del bosque o a quien reforesta”, Jorge Mario Rodríguez, director financiero de Fonafifo.

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editor general: armando gonzález, editora: Hassel Fallas, análisis de data e investigación: mercedes agüero y hassel fallas, diseño digital e infografía: Pablo Robles y Marco Hernández, EDITOR DE DISEÑO E INFOGRAFÍA: MANUEL CANALES, QA: Emilio Venegas, productor audiovisual: rené valenzuela, guiones: adrian soto, mercedes agüero y hassel fallas, locución: Maria Luisa Madrigal, gestor de ti: polette brenes, programación: pablo robles, josué muñoz, Bryan Gutiérrez y Leonel López Ing. sistemas: Daryl Zuñiga, Correción de estilo: ismael venegas, fotografía: Alonso Tenorio, Luis Navarro, Carlos Hernández, Jorge Navarro

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