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Durante décadas, la Contraloría General de la República fue la musa de muchas instituciones públicas que copiaban los incentivos salariales que daba el ente contralor a sus empleados. Pero tal inspiración no alcanza hoy para que el Poder Judicial, la Defensoría de los Habitantes o el Poder Ejecutivo imiten su régimen de salario único.

Un impuesto a la cerveza y otros licores fue la solución que encontraron los diputados en 1957 para financiar una mejora salarial a los empleados públicos. Lo que no sospecharon es que aquella ley abriría la puerta a instituciones para crear incentivos y subir los salarios en una verdadera competencia por atraer talento a la Administración Pública.

En la última década, el Poder Judicial ha sido la entidad del Gobierno Central, con el mayor aumento en su presupuesto de incentivos. Ese rubro creció 148%, en términos reales, entre 2006 y 2016. Pasó de ¢48.900 millones a ¢121.400 millones en el periodo mencionado.