Él asegura que ese alegato usado por el Gobierno, para renunciar al tope de un 1,94% para las anualidades, es inválido y que demuestra un desconocimiento del significado de ese incentivo.

Afirma que, en el caso de las instituciones que paguen anualidades más altas por convención, habrá que esperar a que estos convenios venzan y negociar con base en el nuevo parámetro que se fijaría en la reforma fiscal.

Hacienda suavizó la reforma que el diputado Ottón Solís, del PAC, había introducido para ponerle un techo de un 1,94% a las anualidades de los empleados públicos. Además, flexibilizó la calificación requerida por los funcionarios para acceder al incentivo.