Julio Jurado, procurador general, concluyó ante los magistrados que la imposición de un límite máximo de ¢2,6 millones a las jubilaciones está fundamentada en valores y principios constitucionales y de solidaridad, y que, además, persigue un fin público, por lo que su aplicación es válida.

El mandatario participará en una audiencia oral como parte del proceso de resolución de varias acciones de inconstitucionalidad que tienen varada, desde hace cuatro años, la aplicación de un tope de ¢2,6 millones a las jubilaciones millonarias.

Sin tener un capítulo específico sobre pensiones de lujo, la reforma fiscal producirá una serie de recortes en estas jubilaciones. Entre mayor sea el monto de la pensión, mayor será la deducción. Por ejemplo, a la jubilación de un exgerente del BN, la reforma le haría un recorte de ¢1.075.000.