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Aunque está diseñado, el Programa de observadores científicos que permite la toma de datos durante faenas de pesca requiere $55.000 (unos ¢29,7 millones) anuales para ser ejecutado.

Ante la dificultad de controlar la pesca ilegal en el océano, los países centroamericanos –entre ellos Costa Rica– apuestan a regular los puertos de desembarque.