Desde diversos ángulos, resulta decepcionante y, al mismo tiempo, preocupante la decisión del Ejecutivo de recular en sus intenciones de desmantelar el esquema de protección y de extracción y distribución de rentas que significan las políticas de fijación de precios.
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Da pena escuchar las excusas del gobierno para justificar el pacto con los arroceros que pospone para algún día la liberalización del precio
Los pobres pagan un 40 % más por el arroz y los pequeños agricultores reciben solo $5.840 al año contra los $19,6 millones anuales de los pocos grandes productores