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Un cobro de ¢150.000 al MOPT, por atrasarse en el suministro de información pública, generó un largo y costoso proceso judicial, que ya lleva cuatro años y siete meses en tres diferentes despachos judiciales y aún no se resuelve. Primero estuvo en la Sala IV, luego en el Contencioso Administrativo y ahora, en la Sala Primera.