El alquiler, autorizado por la Contraloría como medida de contigencia para ayudar a este centro a aliviar la crisis de quirófanos que lo afecta desde hace más de cinco años, se prolongará durante un año.
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Consentimientos informados y declaraciones juradas son parte de los controles que el Hospital La Católica aplica para la realización de trasplantes, según aseguraron este martes autoridades de ese centro, durante el juicio por supuesta trata de personas para extracción ilícita de órganos.
Mauren Cordero trabajaba como policía de la Fuerza Pública y hacía fletes en su carro en su tiempo libre. Su pareja murió asesinada y quedó llena de deudas. A Mauren, supuestamente le ofrecieron ¢6 millones por su riñón. Luego, $1.000 por cada persona que reclutara para la extracción de ese órgano.