El juicio por las esterilizaciones forzadas cuenta con 1.317 demandantes, comenzó en el 2002 y ha sido archivado y reabierto varias veces.
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Denuncia fue expresada por varias mujeres a una comitiva legislativa que acudió en octubre a la localidad de Charco La Pava; fiscales viajaron a la provincia de Bocas del Toro, para iniciar las pesquisas.
Miles de ellas fueron víctimas de política de control de natalidad impulsada durante el gobierno de Fujimori.