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Con su decisión de abonar una abultada deuda tributaria, el rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, trata de evitar un proceso judicial, un paso que no levanta la incertidumbre sobre su futuro y que alimentó un nuevo conflicto en la coalición de gobierno.

Después de debilitarlo a menos de la mitad de los recursos previstos, el Gobierno solo podrá utilizar ¢49.000 millones de los superávits libres de instituciones para pagar deuda pública.

Solo unos ¢13.500 millones serían usados para pagar deuda pública de los ¢227.000 millones previstos originalmente.