La Asociación de Consumidores Libres (ACL), una organización de carácter privado, planteará varias demandas contra las instituciones financieras que utilizaron las unidades de desarrollo (udes) como "moneda" para la gestión un crédito.
La Sección quinta del Tribunal Contencioso Administrativo resolvió a inicios de mes en favor de los bancos en el juicio por fraude electrónico que planteó la Asociación de Consumidores Libres (ACL) desde el 2008.
Aquellas empresas encargadas de suministrar datos a entidades financieras y empresas privadas podrían enfrentar sanciones económicas de hasta 20 salarios base (¢350.000 aproximadamente) si se comprueba que la información que brindan es incorrecta.
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