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Cargas parafiscales, peaje bancario, garantía estatal y procesos de contratación administrativa distorsionan competencia y afectan crecimiento económico, según estudio de Academia de Centroamérica.

Alguien, en broma, solía decir que una forma rápida de distinguir si un banco era de propiedad estatal o privada consistía en comprobar el uso que daba a su estacionamiento: si era para los clientes, se trataba de un banco privado; si era para los empleados, entonces el banco era estatal. Esta observación humorística, que no debe entenderse como un menosprecio del papel fundamental de los recursos humanos en cualquier empresa, no dejaba de tener cierta dosis de verdad: a pesar de que las entidades estatales dicen buscar un fin social, en la práctica el interés por el cliente que los entes públicos muestran es mínimo, especialmente cuando operan en condiciones de monopolio. En cambio, la sana competencia obliga a los oferentes de servicios a esmerarse y esto, necesariamente, redunda en bienestar de la clientela; también del personal, que tendrá más oportunidades de desarrollo y carrera.