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Los jueces acogieron la tesis de la Procuraduría General de la República al aceptar la solicitud de una indemnización por daño social en perjuicio de la democracia costarricense.
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La Sala III confirmó este miércoles la sentencia por estafa que la justicia le había impuesto al Movimiento Libertario, por cobrarle al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) capacitaciones que nunca existieron.