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La ruta 27, con todos sus derrumbes, sus cuestionamientos por falta de fiscalización y supervisión y todos sus derrumbes, era una carretera esperada y necesaria.

El grupo español de construcción FCC anunció este lunes una voluminosa pérdida en 2016 de 165 millones de euros, casi el cuádruple que el año anterior, a causa de la debilidad de las contrataciones públicas en España.

La Sala Constitucional declaró sin lugar las acciones de inconstitucionalidad presentadas por Autopistas del Sol (anterior administrador de la carretera a Caldera) y la Sociedad Portuaria de Caldera.