Estos préstamos han incrementado las actividades ilícitas, debido a las tácticas de amenazas e intimidación empleadas por los prestamistas para asegurar el reembolso de los préstamos.
La historia nacional proporciona abundantes razones para no autorizar la participación del Ejecutivo en la escucha de conversaciones.
Proyecto de la administración de Rodrigo Chaves abriría la posibilidad de que la DIS o incluso las policías municipales participen en la intervención de llamadas o mensajes telefónicos; abogado y diputados advierten riesgos para la democracia.