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Todas las empresas que estén cubiertas por la ley tendrán la obligación de consultar la situación financiera del deudor, de previo a conceder el crédito.

Dentro de los alegatos que presentó la entidad ante la Sala Constitucional están que la norma carece de sustento técnico para hacerla efectiva y que durante la discusión parlamentaria se ignoraron las recomendaciones técnicas de BCCR, Sugef y la solicitud de precaución del FMI

Se han presentado cierres de muchos créditos, cuyo riesgo alto implica que el tope de la tasa de interés no permita continuar con la operación.