La Asociación Víctimas del Estado (AVES) solicitó este viernes al TSE someter a referéndo un proyecto de ley que busca legalizar los servicios de transporte como Uber, Cabify, Onbis u otros.
Tribunal detecta que dos sociedades anónimas habrían pagado vuelos a Puntarenas y no el empresario ganadero que reportó Restauración Nacional, en contravención al Código Electoral. Hechos constan en informe entregado al Ministerio Público, a finales de julio.
Esposa, hijos y otros pacientes del presidente y diputado del partido recibieron hasta ¢32 millones por servicios y arrendamientos. Facturas fueron entregadas al TSE para el eventual reembolso con fondos de la deuda política.
Restauración rechaza haber firmado contrato con productor para que subcontratara servicios y se rehúsa a reconocer los gastos.
En total, la propiedad y el certificado a plazo tienen un valor de ¢524 millones. Reclamo de Lafise y Promerica es por deudas en créditos para financiar las fallidas campañas del 2014 y 2018.
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