Los magistrados propietarios de la Sala Constitucional tendrán que resolver al menos nueve acciones de inconstitucionalidad a la ley que reformó al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, publicada en mayo pasado
Los expedientes, que no necesariamente se resolverán en este mes, son del 2014 y del 2015. Surgieron luego de que el gobierno de Luis Guillermo Solís decretó un tope de ¢2,3 millones al pago mensual de estas jubilaciones.
El Instituto sigue pagando indemnizaciones sin importar el motivo de terminación de la relación laboral incluida la renuncia del trabajador sin causa que la justifique pese a dos fallos de la Sala Constitucional en contra.
Jueces litigantes privados y funcionarios de Gobierno figuran en la lista de 48 profesionales en derecho que presentaron sus nombres para ocupar un cargo de magistrado de la Sala Constitucional y dos para la Sala Tercera.
La Sala IV ordenó a las autoridades de la CCSS suspender los efectos del un oficio en el que se indica que cobraría a los médicos el costo de aquellos fármacos que receten sin estar incluidos en sus listas de medicamentos y que la Institución se vea obligada a comprar como resultado de los recursos de amparo que luego sean declarados sin lugar.
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