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Dirigentes denunciaron un esquema de reciclaje de recursos y ventas a crédito, que se habría utilizado para inflar el cobro de la deuda política tras las elecciones municipales del 2020.

Ministerio Público pidió cierre de la causa por falta de pruebas que permitieran comprobar si hubo delito en el cobro de ¢3,2 millones por parte del Republicano.

Agrupaciones tienen 10 días para presentar sus reportes financieros o, de lo contrario, sus tesoreros podrían afrontar sanciones.