El Colegio tenía preparada una opinión contraria a la aprobación del documento, por cuanto se consideraba que contenía serios problemas con respecto a aspectos legales, de propiedad privada y, sobre todo, generaba una importante discrecionalidad para los funcionarios del INVU que, se estimó, atentaba contra la seguridad jurídica del administrado.
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El retiro del nuevo proyecto del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones se acompañó de una serie de afirmaciones y argumentos falaces que conviene aclarar a la opinión pública, desde el conocimiento técnico-jurídico.