La idea es que compañías de turismo, restaurantes y transporte, entre otros sectores, puedan acceder a un préstamo a pesar de no contar con una garantía ante el banco; los ¢180.000 millones necesarios para garantizar los créditos vendrían del BCIE.

La Unión Nacional de Gobiernos Locales teje una madeja de equívocos para evadir su responsabilidad en la degradación de la deuda soberana por la calificadora Standard & Poor’s.

El enojo de Franggi Nicolás se produce al ser expuesta como una legisladora capaz de pedir renuncias sin haber visto la denuncia y sin reflexionar sobre la anonimidad de esta.